Las adicciones son muchas y variadas. Hoy, he querido fijarme en el despilfarro, como así consta en el título. La adicción a despilfarrar, suele tener su origen en el propio desarreglo, en la apetencia desordenada de la propia vida y recursos.
La vida, cualquier vida, es prolija en objetivos, la mayoría inalcanzables, a partir de unos recursos limitados, siendo la prudencia y la mesura las que seleccionan los que se pueden alcanzar y los que deben ser eliminados.
¿Piensan los contribuyentes españoles que nuestro Gobierno pueda adolecer de esta adicción? ¿Qué puede haber detrás de esa ansia de recursos, para hacer frente a más gastos innecesarios, según los observadores? ¿Qué más despilfarro que multiplicar el empleo público, que en nada mejora la vida de los españoles, salvo la de los agraciados?
En los tres primeros trimestres del presente año, la Agencia Tributaria, ha recaudado ya 205.000 millones de euros, cifra superior a todo aquel año 2018, en el que Pedro Sánchez accedió a la Presidencia del Gobierno. Este dato, además, significa que, lo recaudado en 2024, supone un incremento del 7,9% respecto del año anterior.
Cualquier hijo de vecino, creo yo, estaría dando saltos de alegría por lo bien que se presentan las disponibilidades económicas del año, sin embargo, parece que no. Que el Presidente quiere más, para lo cual, ya ha anunciado una tormenta impositiva, que aumentará la presión fiscal.
En el plan anunciado habrá incrementos en el Impuesto sobre Hidrocarburos en su gravamen al combustible diesel; ha debido de enterarse de que también los ricos tienen automóviles con motores diesel.
Tampoco se cortará el Gobierno, para incrementar el gravamen sobre las labores del tabaco en un 14%, aunque por este impuesto, también lleva ingresado un 1,9% más, que en el mismo período del año anterior. Además, se someterán a este impuesto los vapeadores y cigarrillos electrónicos que, hasta la actualidad estaban sometidos únicamente al IVA.
Y, cómo no, un aumento del IRPF a las rentas del ahorro superiores a los 300.000 euros –a los ricos–, y también la aplicación del IVA al 21% a los pisos turísticos… Pero ¿para qué tanto dinero, ajeno al bien común? ¿Cuántos españoles se sentirán más felices y cuántos más desgraciados, después de la tormenta impositiva?
Añadan a esto la deuda pública que, durante los años del sanchismo, ha incrementado en 465.571 millones de euros la contraída en aquel 2018.
Además, hay deudas opacas, contraídas para contabilizarse en años venideros. En el BOE del pasado 29 de octubre, figuran trece Acuerdos del Consejo de Ministros, con idéntico enunciado: "Acuerdo por el que se autorizan límites para adquirir durante 2024 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros…".
En el mismo Boletín hay dos Acuerdos más explícitos. En uno "se autoriza a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por importe máximo de 118.530.625 euros"; en el otro "se autoriza a realizar una ampliación del plazo, hasta 3 de mayo de 2031… de pagarés, de 360.607.262,63 euros". ¿Quién pagará estos compromisos? El tiempo dirá.
¿Es esto adicción? Si no es así, lo parece.