Prohibir los sabores de los cigarrillos electrónicos, como pretende la ministra de Sanidad, Mónica García, provocaría una reducción del 83% (263 millones de euros) en el valor añadido bruto anual generado por este sector en España y la pérdida de 3.800 empleos a tiempo completo. Además, una parte importante de los que vapean se trasladarían al tabaco tradicional y podría provocar la aparición de saborizantes al margen de la ley.
Esta es la principal conclusión del informe publicado este martes por Analistas Financieros Internacionales (Afi), en el que evalúan las consecuencias económicas de la medida planteada por el Ministerio de Sanidad en el borrador del Real Decreto que actualiza la normativa sobre productos de tabaco y relacionados.
Una medida "ineficaz"
En primer lugar, señala el informe, la medida sería "ineficaz" para reducir el tabaquismo, ya que "el 45% de la población que ha utilizado en alguna ocasión productos de vapeo lo ha hecho para reducir su consumo de tabaco tradicional o para dejar de fumar por completo", según Diego Vizcaíno, socio director de Afi, durante el acto de presentación del estudio en la sede de la CEOE.
Además, en España, el 87% de los usuarios de cigarrillos electrónicos consumen líquidos saborizados como fruta, dulce o mentolado, mezclados o no con sabor a tabaco, y solo el 13% eligen exclusivamente líquidos con sabor a tabaco, según una encuesta de Sigma Dos de 2022. Asimismo, "la evidencia científica muestra una relación positiva entre el uso de sabores de fruta y otros sabores dulces en los líquidos de vapeo y su eficacia como herramienta de abandono del tabaquismo".
Por lo tanto, según Afi, el cigarrillo electrónico es un sustituto claro del tabaco, por lo que, si se prohibieran los aditivos aromáticos, "lo previsible es que aumentase la prevalencia del tabaco". En particular, los estudios académicos más recientes apuntan a un incremento de entre 0,5 y 0,9 puntos en la prevalencia de los cigarrillos tradicionales por cada punto que disminuye la prevalencia del vapeo, según Afi.
Por otro lado, el informe destaca que el 54% de los consumidores de productos de vapeo —según el sondeo de Sigma Dos— continuarían haciendo uso de los sabores aunque estos no estuvieran disponibles legalmente, con el efecto que esto tendría sobre la economía sumergida.
Fuerte impacto económico
Al realizar el análisis de la proporcionalidad de la medida, Afi advierte de que eliminar los aditivos aromáticos en los cigarrillos electrónicos tendría "un impacto económico desproporcionado sobre la cadena de valor".
"Frente a los 317 millones de euros que generó el sector del vapeo en 2023 —teniendo en cuenta el efecto directo, el indirecto y el inducido—, el valor añadido bruto se reduciría en más de un 83% (263 millones de euros), hasta los 54 millones de euros, si se prohibieran los sabores".
Paralelamente, el número de personas empleadas a tiempo completo se reduciría desde las 4.630 actuales hasta un total de 810, perdiéndose, por tanto, 3.800 empleos equivalentes a jornada completa, señala el estudio
La medida no solo afectaría al sector del vapeo. "Por cada euro menos de valor añadido y cada despido en el sector, se estima que se perderían 1,5 euros y 2,8 empleos adicionales en el resto de la economía. Al mismo tiempo, habría una caída en la recaudación fiscal, ya que la contribución del sector al erario público pasaría de los 77 millones de euros de 2023 a solo 10 millones".
"Si se tuviera en cuenta el impacto dinámico de la prohibición hasta 2030, la caída de valor añadido superaría los 550 millones de euros y se destruirían más de 8.000 empleos", afirma Afi.
Medidas para impedir que los menores vapeen
Afi propone, en primer lugar, regular los puntos de venta de estos productos a través de un sistema de licencias otorgadas a estancos y tiendas especializadas que garantice un estricto control de no venta a menores. También ve conveniente reducir el atractivo de estos dispositivos para los menores de edad, prohibiendo ciertas referencias y determinados diseños, y llevar a cabo campañas de concienciación de los menores de edad para incrementar su percepción del riesgo asociado.
Por su parte, el presidente de la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España, Miguel Ángel Martínez, ha afirmado que las Administraciones Públicas deben entender que productos alternativos como los cigarrillos electrónicos "pueden ser menos dañinos que el tabaco convencional" y que es necesario "apostar por ellos", comprendiendo además que "el vaper sin sabor no tiene sentido".
Asimismo, Martínez ha subrayado que los estancos, como punto de distribución, pueden y deben controlar la venta de estos productos, asegurándose de que "nunca se vendan a un menor de edad" y que cumplen las garantías sanitarias, como hacen con el tabaco.