La okupación de viviendas continúa siendo una de las principales preocupaciones para muchos propietarios -debido a la inacción del gobierno de Pedro Sánchez con este problema-, especialmente aquellos con inmuebles vacíos. Esta semana, el canal autonómico Telemadrid ha dado a conocer un caso especialmente impactante ocurrido en Perales del Río, Getafe, protagonizado por Maruja y Argemiro, una pareja de ancianos de 80 y 93 años respectivamente.
Todo ocurrió cuando los propietarios salieron de su casa para acudir a una visita médica, tras la cual decidieron pasar la noche en casa de un sobrino. En ese breve intervalo, una mujer forzó la cerradura y okupó la vivienda, aprovechando la ausencia de los dueños.
Lo más sorprendente del caso, según relató Telemadrid en su programa Madrid Directo, es que fue la propia okupa quien llamó a la Policía la mañana del día siguiente, haciéndose pasar por una vecina para denunciar supuestos movimientos extraños en la casa. La mujer pretendía así legitimar su presencia en el inmueble. Sin embargo, Juani, la verdadera vecina suplantada, desmintió haber hecho ninguna llamada, ya que pensaba que en la vivienda simplemente había un familiar.
Alertado por los agentes, Argemiro recibió la llamada de la Policía a primera hora del 20 de marzo, informándole que su casa supuestamente llevaba okupada desde hacía una semana, algo que él negó tajantemente: "Eso es mentira, vivimos ahí desde hace muchos años", declaró en directo al programa.
Contundente movilización vecinal
El giro de los acontecimientos fue rápido gracias a la contundente movilización vecinal. Una vecina que vio a la okupa asomada a la ventana la escuchó identificarse como "la nueva inquilina", lo que levantó sospechas y provocó una llamada de emergencia a Argemiro. En cuestión de horas, los vecinos se agruparon frente a la vivienda exigiendo su desalojo, dejando claro que no iban a permitir esta injusticia.
La mujer intentó afianzar su posición recurriendo a una práctica común en estos casos: pidió comida a domicilio con la intención de usar el ticket como prueba de residencia. Sin embargo, los vecinos interceptaron al repartidor, frustrando su plan. Además, llegó a exigir entre 15.000 y 20.000 euros a cambio de abandonar la vivienda, lo que generó aún más indignación.
"No hemos necesitado ningún juzgado"
Gracias a la presión constante de la comunidad, y al regreso de Argemiro al domicilio, la okupa finalmente se vio forzada a marcharse sin que fuera necesario acudir al juzgado. "Ha sido toda la gente, no hemos necesitado ningún juzgado", añadieron con orgullo.
Telemadrid también ha señalado que este tipo de acciones podrían estar relacionadas con mafias de okupación, que introducen a personas en viviendas vacías para después venderlas por cantidades cercanas a 3.000 euros a familias vulnerables. En este caso, se sospecha que la mujer podría proceder de la zona de la Cañada Real.
Este caso se da a conocer justo en un contexto donde el debate sobre los desalojos está más vivo que nunca. El próximo 3 de abril entrará en vigor la Ley Orgánica 1/2025, que agilizará los procesos judiciales en casos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda, permitiendo resoluciones judiciales en un plazo de 15 días.
Mientras tanto, historias como la de Maruja y Argemiro demuestran el poder de la acción vecinal y la solidaridad -la que no tiene Gobierno de Sánchez- ante una situación tan injusta como la okupación de una vivienda. Resulta alarmante que, en pleno 2025, dos ancianos solo puedan recuperar su hogar gracias a la presión vecinal y no a la actuación del Ejecutivo. Cuando la ley no protege con rapidez, los ciudadanos responden con urgencia.