Junto al evidente interés político que conlleva, el Gobierno de Pedro Sánchez intenta librarse por el camino de las indemnizaciones a las que Red Eléctrica (REE) y Renfe tendrían que hacer frente si se demuestra su responsabilidad en el apagón, en el caso de la primera, y en el enésimo colpaso del AVE, en el caso de la segunda.
Particularmente elevadas serían las indemnizaciones que debería asumir el organismo presidido por la socialista Beatriz Corredor —cuyo salario asciende a 546.000 euros al año— si se confirma, tal y como apuntan numerosos informes propios y ajenos, que REE conocía los riesgos de la entrada masiva de renovables en el mix de generación eléctrica y no hizo nada para minimizarlos.
Indemnizaciones milmillonarias
De ser así, la responsabilidad civil subsidiaria del Estado podría ser milmillonaria, ya que hay multitud de empresas dispuestas a pedir daños y perjuicios. No en vano, los primeros cálculos de la patronal CEOE cifraban ya la semana pasada en 1.400 millones de euros las pérdidas ocasionadas, el equivalente al 0,1% del PIB anual español.
Con todo, el Gobierno en pleno lleva más de una semana echando balones fuera y, sobre todo, tratando de poner el foco de atención en las eléctricas. De hecho, incluso envió a agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a expertos propios a las instalaciones de grandes compañías como Iberdrola, Endesa, Naturgy o Repsol. "Buscad lo que sea", aseguran que les ordenaron fuentes de la ciberseguridad nacional. El objetivo: "Buscar cualquier coartada" para no asumir sus responsabilidad.
Avalancha de informes
Este intento a la desesperada buscaría así ocultar la gran cantidad de informes que REE y el Gobierno tenían sobre la mesa. Para empezar, el que dicha compañía elaboro en mayo de 2025 reclamando una actualización de los "Criterios generales de protección del sistema eléctrico español" para hacer frente al por "cambio en el mix de generación del sistema eléctrico actual debido a la entrada masiva de fuentes de energía renovables" y "minimizar las repercusiones que pueden ocasionar las diferentes perturbaciones".
A dicho documento se sumaría la propia auditoría de los estados financieros de Red Eléctrica elaborada por Ernst & Young, en la que ya se advertía tanto del riesgo que conllevaba desde la "insuficiente información para la operación en tiempo real del sistema debido al aumento de instalaciones de generación renovable inferior a 1 MW (umbral actual de observación por el Operador del Sistema)" hasta la "pérdida de generación firme asociada al cierre de centrales de generación convencional".
El enésimo colapso del AVE
En el caso de Renfe, las indemnizaciones serían muchísimo más bajas que las del apagón, tanto por el número de afectados —poco más de 10.000 personas—, como por el objeto de la reclamación en sí: en la mayor parte de los casos, únicamente la devolución del importe del billete del AVE. Sin embargo, el Gobierno también podría librarse de tener que abonar dichas compensaciones si se demuestra que, tal y como lleva alentando desde el primer momento, el caos desatado se debió, más allá del robo de cobre, a un "sabotaje".
Así lo recogen tanto las condiciones generales de Renfe como el Reglamento 2021/782 del Parlamento Europeo, que permite a las empresas ferroviarias no pagar indemnizaciones cuando demuestran que el retraso se debe a causas extraordinarias fuera de su control. Entre ellas, se citan expresamente fenómenos meteorológicos extremos, acciones policiales, crisis sanitarias, actos de terrorismo y, efectivamente, el sabotaje.