Libre Mercado ha tenido acceso exclusivo a una resolución de la Fiscalía General del Estado que pone de manifiesto una opaca gestión de los fondos públicos.
El organismo ha rechazado facilitar un desglose detallado de los gastos asociados a los viajes de Álvaro García Ortiz, actual Fiscal General, y de su predecesora, Dolores Delgado. Firmada por Esmerida Rasillo López, Fiscal de Sala Jefa de la Unidad de Apoyo, la respuesta oficial esquiva la claridad solicitada y aviva las críticas sobre la falta de transparencia en una institución clave para el Estado de Derecho.
Cifras totales sin detalles al descubierto
La solicitud recibida por la Fiscalía pedía información específica sobre los desplazamientos de ambos fiscales generales: fechas, destinos, motivos y tipos de gastos, como transporte, alojamiento o manutención. Sin embargo, la institución se ha limitado a ofrecer montos globales. Para Dolores Delgado, quien ejerció el cargo entre el 26 de febrero de 2020 y el 19 de julio de 2022, el total asciende a 19.564,44 euros. En el caso de Álvaro García Ortiz, en funciones desde el 5 de septiembre de 2022 y con datos hasta el 19 de mayo de 2025, la cantidad alcanza los 38.028,68 euros.
El documento justifica esta vaguedad alegando que los importes no se registran como dietas convencionales, sino que se reembolsan íntegramente según el Real Decreto 462/2002, sobre indemnizaciones por razón de servicio. Añade que desglosar estos desembolsos implicaría una "reelaboración" de la información, algo que, según el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013 de Transparencia, está fuera de su obligación legal. Esta explicación, lejos de calmar las dudas, intensifica las sospechas de secretismo.
Información parcial disponible en línea
La resolución señala que los datos sobre fechas, municipios y propósitos de los viajes pueden consultarse en la agenda del Fiscal General, alojada en el portal de transparencia de la web www.fiscal.es, actualmente en remodelación. Sin embargo, un examen realizado a dicho sitio durante la semana pasada reveló que, aunque se enumeran las actividades y destinos, los costos asociados brillan por su ausencia. Esta carencia impide valorar si los desembolsos fueron razonables en función de los objetivos de cada desplazamiento. A ello se suma la complejidad de navegación del portal, que obstaculiza el acceso fluido a la información por parte de los ciudadanos, erosionando aún más la supuesta apertura institucional.
García Ortiz: cuestionado y sin rendir cuentas
La negativa a transparentar los gastos adquiere un tono más grave al considerar la situación de Álvaro García Ortiz. El Fiscal General está actualmente imputado por un presunto delito de revelación de secretos en el caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Esta investigación ha puesto en jaque su credibilidad para liderar la Fiscalía, un puesto que demanda ejemplaridad. La ausencia de datos concretos sobre sus viajes —dónde fue, por qué y cuánto costó— alimenta la percepción de que su gestión esquiva el escrutinio público en un momento en que más se necesita.
Dolores Delgado: un nombramiento polémico
El historial de Dolores Delgado tampoco escapa al escándalo. Su designación como Fiscal General, el 25 de febrero de 2020, justo un día después de dejar el Ministerio de Justicia, desató una tormenta de críticas por comprometer la separación de poderes, un pilar esencial de la democracia. El Tribunal Supremo llegó a anular su nombramiento posterior como fiscal del TS, considerando que el proceso vulneraba las garantías de imparcialidad. Posteriormente, el Tribunal Constitucional desestimó su apelación, dejando su legado bajo un manto de desconfianza. La falta de claridad sobre el coste de sus desplazamientos no hace sino agravar las incógnitas sobre su etapa al frente de la Fiscalía.
Un velo de opacidad sobre la institución
La decisión de la Fiscalía de escudarse en tecnicismos legales para no detallar los gastos refleja un patrón preocupante de hermetismo. Al argumentar que desglosar los importes excede sus deberes legales, el organismo parece anteponer su conveniencia administrativa al derecho ciudadano de conocer cómo se emplean los recursos públicos. Esta postura resulta especialmente alarmante en un contexto donde tanto García Ortiz como Delgado enfrentan serios cuestionamientos éticos y legales. La opacidad en sus viajes no es un hecho aislado, sino un síntoma de una institución que, lejos de fortalecer la confianza pública, opta por protegerse tras un muro de ambigüedad basado en tecnicismos legales.