Este miércoles trascendió que el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y miembros de su equipo en su época de ministro de Hacienda con José María Aznar y Mariano Rajoy están siendo investigados por la supuesta creación de una "red de influencias" para reformar leyes con el fin de favorecer a empresas gasistas a cambio de pagos "importantes" a Equipo Económico, el despacho del que fue presidente.
La investigación en marcha, que afecta además de al exministro a una treintena de personas vinculadas a Montoro y su despacho, apunta a cobros por reformas legislativas "a demanda": los delitos que se investigan son cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
Aunque no ha trascendido hasta ahora, la investigación arrancó en 2018. Años antes, Luis Fernando Quintero en Libre Mercado había informado profusamente de las actividades de Cristóbal Montoro y su despacho, fundado en 2006 por el propio Montoro con el nombre de Montoro y Asociados Asesores y que pasó a denominarse Equipo Económico en 2008 cuando Montoro dejó el cargo. El presidente pasó a ser Ricardo Martínez Rico, exsecretario de Estado de Hacienda en el Gobierno de Aznar y hermano de Felipe Martínez Rico, quien luego sería jefe de gabinete en la segunda etapa de Montoro como ministro de Hacienda bajo presidencia de Rajoy.
A través de sus servicios "altamente especializados de asesoramiento en materia tributaria", la consultora disparó su facturación coincidiendo con los años en que el exministro pasó a formar parte de la Ejecutiva del PP y luego del Gobierno de Mariano Rajoy, como informó este diario, que también habló en su día de cómo la consultora estaba trufada de cargos de confianza de Montoro y de sus primeros roces con José Manuel Soria, entonces ministro de Industria, por recortes a las renovables que chocaban con los intereses de empresas vinculadas a Equipo Económico.
En julio de 2012, ambos ministros se enfrentaron cuando Soria trató de aprobar en el Consejo de ministros una reforma del sistema energético que implicaba fuertes recortes a las subvenciones a las renovables y en particular a la termosolar. Una de las empresas más interesadas en que no se produjeran esos recortes, Abengoa, tenía como consejero a Ricardo Martínez Rico, el presidente de Equipo Económico.
En 2015 Libre Mercado publicó los detalles de ese encontronazo. El ministro, que siempre había alegado que su relación con Equipo Económico era nula desde 2008, se opuso a la retirada de las primas a la tecnología termosolar dentro de los planes de Soria para reducir el déficit de tarifa esgrimiendo un informe con membrete de Hacienda. Según confirmaron varias fuentes en su día, Soria exhibió entonces el mismo informe pero con membrete de Abengoa desatándose las dudas sobre la verdadera autoría del documento y quedando en evidencia los intereses cruzados entre las empresas afectadas por las reformas que estaban sobre la mesa. Abengoa era cliente de Equipo Económico.
El Ministerio de Hacienda reaccionó a la noticia emitiendo un comunicado "desmintiendo los sucesos" relatados por este diario pero sin mencionar la existencia del doble informe. En su nota, Hacienda argumentó que cuando se debatía cómo afrontar la reducción del déficit de tarifa se acordó "por consenso" la reducción de primas a las renovables y nuevos impuestos, que afectaron "de forma negativa a la rentabilidad del sector energético". Alegó también que el ministro "siempre ha defendido el interés general por encima del particular en todas las decisiones de Gobierno, lo que puede suponer el malestar de ciertos sectores, y así es como deben interpretarse ciertas informaciones malintencionadas y carentes de veracidad".
Años después, el juez de Tarragona que investiga el caso sostiene que Montoro hizo uso de las "potestades" que le correspondían como ministro de forma que "Equipo Económico pudiera ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público". Y menciona cómo eligió entre sus altos cargos "a personas estrechamente vinculadas al despacho Equipo Económico, lo que aseguraría que la elaboración y tramitación de los textos de los anteproyectos de Ley y proyectos de reglamentos se redactasen 'a demanda' de las mercantiles investigadas, tras aceptar aquellas pagar por ello".