Xabi Alonso, el actual entrenador del Real Madrid, no puede disfrutar plenamente de su éxito profesional debido a una larga y creciente ofensiva judicial y mediática centrada en su vivienda familiar en el monte Igeldo, en San Sebastián. Lo que comenzó como una disputa urbanística se ha convertido en una auténtica campaña de acoso y derribo liderada por asociaciones ecologistas como Ekologistak Martxan y Haritzalde Naturzaleen.
Estas organizaciones han reactivado sus denuncias, esta vez ante la Fiscalía de Guipúzcoa, acusando al Ayuntamiento y a la empresa promotora Tavaro XXI –administrada por Nagore Aranburu, esposa de Alonso– de presuntos delitos de prevaricación urbanística y usurpación de bienes públicos. Según las asociaciones, la casa tiene un camino municipal cuyo permiso, aseguran, expiró en marzo de 2025, y que seguiría siendo utilizado por la familia del entrenador.
Un juicio mediático y político
La historia viene de lejos, pero el hecho de que Xabi Alonso sea ahora uno de los rostros más visibles del fútbol español ha amplificado el caso. Ya en 2023, una sentencia judicial declaró ilegal la construcción del chalé, una decisión que está pendiente de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Ahora, las asociaciones activistas redoblan la presión no solo jurídica, sino también social, con declaraciones públicas en las que se acusa al Ayuntamiento de actuar en connivencia con los intereses del exfutbolista.
Uno de los abogados de los denunciantes, Javier Olaverri –conocido por su cruzada contra la reforma del estadio de Anoeta–, no ha dudado en afirmar que el chalé debe ser demolido, y que la única duda es si los dos millones de euros que costaría correrán a cargo del Ayuntamiento o de los promotores.
Más allá de lo legal, el tono de la campaña ha generado indignación en sectores que consideran desproporcionado el señalamiento público al exjugador. Titulares controvertidos en diversos medios y las reiteradas llamadas a declarar tanto a él como a su esposa, hacen que lo que debería ser una cuestión técnica sobre una licencia urbanística haya derivado en un juicio mediático y político.
Todo bajo licencia
Desde el entorno del entrenador se insiste en que todas las actuaciones se han realizado conforme a la ley y con las licencias pertinentes, otorgadas por el Ayuntamiento. Sin embargo, los colectivos ecologistas sostienen que se han producido modificaciones a la carta del planeamiento urbanístico para dar cabida a una obra que, a su juicio, nunca debió autorizarse.
Mientras el caso sigue su curso, la familia Alonso-Aranburu permanece instalada en su residencia madrileña, a la espera de que la Justicia resuelva si podrán, algún día, vivir en la casa de sus sueños o si deberán verla demolida como parte de una campaña que ya trasciende lo urbanístico.