Espanto en Fedea por el último pacto del Gobierno para comenzar a entregar la llave de la caja de los impuestos a Cataluña. La publicación del segundo acuerdo la semana pasada "no sólo no clarifica en absoluto los detalles de la propuesta original, o sus implicaciones para el conjunto del sistema de financiación autonómica y de gestión tributaria, sino que aumenta notablemente el grado de confusión existente en torno a la pretendida reforma" consideran en su último análisis publicado ese lunes sobre el cupo catalán.
Ya hace un año el PSOE pactó con ERC la gestión, recaudación y liquidación del 100% de los impuestos que se pagan en Cataluña a cambio de investir a Salvador Illa como Presidente de la Generalidad de Cataluña.
En el primer documento (el de 2024) se recogía formalizar el cupo catalán en la Comisión Bilateral Generalidad-Estado de este año. Dicha Comisión, alcanzó la semana pasada un acuerdo, pero "sigue sin concretar cuestiones centrales para el diseño de los sistemas de financiación y gestión tributaria y porque el contenido de los dos acuerdos presenta diferencias significativas y difíciles de reconciliar entre sí que no permiten hacerse una idea clara de qué es lo que se está proponiendo" critica Fedea.
El think thank que dirige Ángel de la Fuente, uno de los mayores especialistas de España en financiación autonómica, señala que "el sistema asimétrico y a la carta que se contempla" en el segundo acuerdo, "aún en su nueva versión suavizada y maquillada, comportaría inevitablemente mayores costes y serias pérdidas de eficiencia según se vaya distribuyendo una parte significativa y creciente de las tareas de la actual AEAT entre múltiples administraciones carentes de experiencia y de escala muy inferior, que afrontarían serias dificultades para comunicarse y coordinarse efectivamente entre sí".
La entrega de la llave de la caja
Bien es cierto que el Gobierno pactó en esa Comisión Bilateral el culmen de las exigencias separatistas: la cesión a Cataluña de la legislación, la recaudación y la inspección de todos los impuestos existentes en España, tal y como ya acordaría hace un año. Esta decisión regalaría a la región de Salvador Illa un fuero propio similar al vasco y el navarro.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende comenzar a romper la caja común con la entrega del IRPF a Cataluña en 2026. Acabar con el actual sistema de financiación autonómica supone el mayor atropello económico desde que Sánchez llegara a Moncloa.
Comienza "el culebrón"
Sin embargo, "el culebrón de la financiación singular está aún lejos de haber terminado" señala Fedea que recuerda que "la Comisión Bilateral carece de las competencias legislativas que necesitaría para modificar el modelo actual".
"Como se reconoce en el acuerdo original, la implementación de tales cambios exigiría como mínimo la modificación de la LOFCA, la Ley 22/2009 de financiación autonómica y la ley de cesión de tributos a Cataluña" señalan.
Así pues, "no estamos ante un cambio consumado en el diseño del Sistema de Financiación Autonómica sino, como máximo, ante una propuesta de reforma del mismo que exigiría, para llegar a buen puerto, una mayoría parlamentaria que el Gobierno no tiene ni mucho menos garantizada" aclaran.
Además, "la propia propuesta está aún pendiente de terminar de negociarse entre las partes firmantes del acuerdo, que por el momento han dejado sin concretar cuestiones tan básicas como el cálculo de las aportaciones a la caja común y el funcionamiento de los mecanismos de nivelación y, además, reconocen explícitamente en el nuevo texto diferencias de opinión sobre otras cuestiones importantes que en principio habían sido acordadas en el documento anterior, como el respeto de la ordinalidad" añaden.
Y es que, desde ERC están molestos porque el principio de ordinalidad solo aparece en el preámbulo y no en el texto del segundo acuerdo. La ordinalidad no es más que el principio de que la región que aporta al sistema de financiación no puede quedar, tras aportar, por detrás de la receptora. Los independentistas lo quieren blindado.
Fedea considera que "no está claro, por tanto, qué es exactamente lo que se propone o cómo ha de interpretarse el conjunto de los dos acuerdos, firmados por partes distintas y con elementos contradictorios entre sí, que supuestamente conforman la propuesta de financiación singular". De momento, "pues, patada adelante y a esperar el próximo episodio. Que el Señor ilumine al guionista y le conceda el don de la claridad expositiva, a ver si así nos enteramos de una vez de qué es lo que nos quieren vender" concluye Ángel de la Fuente, autor del texto.
Por todo ello, Fedea considera que "habrá que esperar a que las partes implicadas lleven al Congreso propuestas normativas detalladas para poder valorarlas con conocimiento de causa. Mientras tanto, lo que sí parece claro es que ambas propuestas comportan un peligro cierto de deriva hacia un peculiar sistema de gestión tributaria descentralizado a la carta que sería crecientemente complejo, caro e inefectivo, sin aportar nada a cambio al autogobierno regional".
Eso sí, Fedea señala la incoherencia de ampliar de la capacidad normativa de las comunidades autónomas en materia tributaria, "aunque sólo al alza, pues la medida incluiría la introducción de nuevos mecanismos destinados a limitar la competencia fiscal a la baja, poniendo de manifiesto una vez más la peculiar actitud del actual Gobierno ante la autonomía de ingreso de las CCAA, que sólo se admite en una dirección". Este punto supone un ataque directo a la Comunidad de Madrid.