El Gobierno avanza en las cesiones a los independentistas con un acuerdo entre el PSC y ERC para aprobar este mes de agosto la cesión a Cataluña de la administración de la Agencia Tributaria. En concreto, como hemos publicado en Libre Mercado, el Decreto Ley que se prevé aprobar el 26 de agosto permitirá a la Agencia Tributaria de Cataluña diseñar su estructura organizativa central y territorial, gestionar la negociación colectiva con su personal y aprobar la oferta pública de empleo de los cuerpos tributarios de la Generalidad de Cataluña. Además, con esta norma, la Generalidad creará dos nuevos cuerpos: el cuerpo de agentes tributarios y el cuerpo superior de informática tributaria, replicando la estructura de la Agencia Tributaria española.
No obstante, los inspectores de Hacienda han mostrado su rechazo a este acuerdo. Concretamente, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) advierte de que la mayoría de los empleados de la Hacienda en la región rechazará integrarse en la Agencia Tributaria Catalana. Por su parte, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado denuncian que los funcionarios de Hacienda destinados en Cataluña se hayan enterado por medio de la prensa "de cuestiones que afectan a su futuro sin que haya ninguna información oficial que garantice la continuidad en su puesto de trabajo".
‼️ ❌ Increíble, con nocturnidad y alevosía..
🔴 Es indignante que los funcionarios de la AEAT destinados en Cataluña tengan que enterarse de esta forma de cuestiones que afectan a su futuro sin que haya ninguna información oficial que garantice la continuidad en su puesto de… pic.twitter.com/6D7A5lqPMX
— Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (@Inspectores_IHE) July 29, 2025
Así las cosas, en Con Ánimo de Lucro hemos querido profundizar en todos los detalles de este acuerdo con ayuda de Pablo Planas y Carmelo Jordá. De este modo, han subrayado las intenciones de Sánchez de ceder antes las presiones de los secesionistas con tal de permanecer en Moncloa. Además, han explicado cuál será el impacto económico sobre el resto de España, especialmente dado que esto podría suponer la infrafinanciación de otras comunidades autónomas.
