Hechos consumados. La "financiación singular" o cupo catalán deberá pasar por el Congreso de los Diputados toda vez que entre sus consecuencias consta el fin de la caja común y no está claro que pueda superar el trance parlamentario, pero la Generalidad avanza a empujones de ERC en el despliegue de la hacienda catalana.
A principios de año se encargó a la consultora Minsait, del grupo tecnológico Indra, la redacción del plan director para el desarrollo de la "Agència Tributaria de Catalunya" con el objetivo de que en el futuro acabe asumiendo la recaudación de todos los tributos empezando por el Impuesto sobre la Renta. Además, la Generalidad ha nombrado un comisionado para el despliegue, Santiago Ramón, adscrito a la consejería de Economía. Ramón debe trabajar en coordinación con el director de la "Agència", Andreu Navas. Ambos tendrán la misión de supervisar la implantación de las medidas previstas en el plan director.
Si el pasado miércoles se anunciaba una reforma jurídica para adaptar la "Agència Tributaria de Catalunya" (ATC) a los nuevos requerimientos derivados del despliegue de la hacienda catalana (recaudar "todos los impuestos que se generan en Cataluña", según un comunicado de la Generalidad), la consejería de Economía aprovechó el último día de julio para dar cuenta de algunos detalles sobre la primera fase del despliegue.
Se trata, según otra nota oficial, de una fase de carácter preparatorio en la que "se determinarán las necesidades en materia de recursos humanos y materiales, y de infraestructuras físicas y tecnológicas, tales como oficinas tributarias y sistemas de información y datos".
La intención es que la ATC esté "en condiciones de asumir en 2027 la asistencia de la campaña de la renta y, en 2028, superado este estadio inicial, la aplicación tributaria de determinadas funciones en el ámbito del IRPF".
Modificar tres leyes en el Congreso
Sin embargo, todo esto dependerá de un complejo camino parlamentario, ya que según admite la Generalidad se requiere de la modificación de al menos tres leyes: la Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas; la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, que regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común; y la Ley 16/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a Cataluña.
A pesar de ello, la presión de ERC ha forzado a la Generalidad a anticipar un calendario con tres hitos. Según los planes hechos públicos por la administración autonómica, en la primera fase "la ATC prestará información y asistencia en la campaña de la Renta 2025 (año 2026) a los solicitantes de cita previa. El objetivo es que entonces la ATC sea capaz de gestionar la mayor parte de la campaña de la renta, para acabar asumiendo la totalidad de la asistencia de la campaña de 2026 (año 2027)".
Contrataciones masivas
A tal efecto, "habría que incorporar, en 2026, más de 400 agentes de refuerzo (en la campaña de 2024 la ATC ha incorporado 102). Y para asumir toda la asistencia, en 2027, será necesario contratar temporalmente a más de 700 agentes, con la previsión de llegar a 360.000 contribuyentes. Se necesitarían nuevas oficinas temporales y tener lista la adaptación técnica y de contenidos para facilitar la asistencia durante la campaña", señala la nota.
En la segunda fase, "el Plan Director prevé que, en la campaña de la Renta de 2025 (año 2026), la identidad corporativa de la ATC esté presente en la documentación que se facilita a la ciudadanía. Se pretende que el acceso al servicio se pueda realizar, complementariamente, a través de idCat Mòbil (el sistema que permite identificarte digitalmente y firmar el envío de un formulario para tramitar la mayoría de solicitudes de la Generalitat)".
Y: "En el tercer hito, la ATC -a través del trabajo en red- colaborará en la aplicación de tributos y en la revisión de los actos, y tendrá presencia de identidad visual en las comunicaciones y actos administrativos dirigidos a los contribuyentes. La previsión es alcanzar este objetivo en la campaña de la Renta 2027 (año 2028)".
En esa última etapa de la fase inicial, la ATC "deberá contratar más personal, con carácter estructural, y abrir más oficinas, con el objetivo de atender con plenas garantías a los contribuyentes", señala la Generalidad sin más concreción.
Retrasos
En ERC apuran a la Generalidad porque el acuerdo de investidura de Illa determinaba que en 2026 la hacienda propia ya sería capaz de asumir íntegramente y sin tutela del Estado la campaña del IRPF. Sin embargo, los republicanos se muestran comprensivos con los retrasos siempre que la Generalidad informe puntualmente de los acuerdos y los avances en el despliegue de la "Agència".