La ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha insistido en la necesidad de intervenir en el mercado de la vivienda. Lo hizo el pasado 4 de agosto en una entrevista en Las Mañanas de RNE, donde señaló que "el factor vivienda está colocando a España en una crisis de desigualdad brutal". De esta forma, Díaz "los precios de la vivienda son absolutamente insoportable, no ya en Madrid o Barcelona, lo son en cualquier ciudad de Galicia o en cualquier ciudad de Extremadura".
Por ello, para la ministra de Trabajo, que adelantaba que tras el verano seguirán subiendo el salario mínimo e implementando nuevas normativas laborales (como el estatuto del becario), dejaba claro que para ella "hay que intervenir el precio de la vivienda". De hecho, aseguraba que "hay que actuar para esas 11 comunidades del PP que se rebelan contra la Ley de Vivienda" y que "tenemos que meter mano con urgencia a los fondos de inversión, que concentran los alquileres en nuestro país".
No obstante, en España ya se ha probado la intervención sobre el mercado de la vivienda en Cataluña y el resultado de esta iniciativa demuestra que las propuestas de la izquierda en este ámbito, alimentadas más por el fanatismo ideológico que por la evidencia y el rigor científico, no son sólo inútiles, sino que además agravan los problemas existentes.
El alquiler en Cataluña
Pese al conjunto de medidas impulsadas por el Gobierno, supuestamente con el fin de paliar la crisis de la vivienda, la situación del mercado del alquiler no deja de empeorar en nuestro país. Así se desprende de la última edición del Barómetro del Alquiler, elaborado por el Observatorio del Alquiler, para el segundo trimestre de 2025, donde se destaca que "el desequilibrio entre la oferta y la demanda no apunta todavía a una estabilización, con cada vez más personas buscando arrendar una vivienda, mientras que el número de inmuebles en promoción continúa cayendo".
Como consecuencia, la presión sobre el mercado del alquiler ha alcanzado un punto crítico. Como podemos apreciar a continuación, el alza de la presión de este mercado se produjo especialmente a partir del año 2023, tras la entrada en vigor de la Ley de la Vivienda en mayo de ese año. Así, la presión en este mercado ha crecido un 214,73% entre el año 2023 y el segundo trimestre de 2025. Este incremento ha sido del 759,75% desde 2019.
En este sentido, el precio medio de la vivienda en España ha aumentado un 15,27% a nivel nacional desde 2023 y un 34,77% desde el año 2019. Por su parte, la oferta media en España ha registrado una caída del 13,64% entre 2023 y el segundo trimestre de 2025 y un 28,44% desde 2019.
En este contexto, Cataluña es la región que vive la peor situación. El Observatorio del Alquiler explica que "un año después de declararse zona tensionada, el mercado del alquiler sigue descontrolado en Barcelona: la presión alcanza los 437 interesados en diez días por cada vivienda en alquiler". Además, añaden que "se prevé una reducción de la oferta de 6.924 inmuebles menos, y los precios superan los 1.650 euros de media".
Recordemos que, en el marco de la Ley de Vivienda, la Generalidad de Cataluña comenzó a aplicar la declaración de zonas tensionadas. De esta forma, se declaró esta figura en 140 municipios de la región, incluyendo la totalidad de la provincia de Barcelona. Posteriormente, se amplió a otros 131 municipios catalanes en octubre de 2024. Así, como informaba la Generalidad, el alquiler de los nuevos contratos no podía superar el precio del último contrato vigente los últimos cinco años y, en caso de que el propietario del inmueble fuera un "gran tenedor", el alquiler no podía superar el Índice de referencia del precio de alquiler.
Pero el Observatorio del Alquiler pone en duda la efectividad de este modelo porque "las zonas tensionadas no cumplen su objetivo". Al respecto, el organismo explica que "el caso de Cataluña, tras un año completo con zonas tensionada, evidencia el fracaso de esta política para contener los precios", dado que "Barcelona ha perdido más de 47.967 viviendas en solo dos años (...), mientras que la demanda no deja de crecer".
Del mismo modo, señalan que "lejos de congelar el precio del alquiler, los datos muestran que los precios han seguido subiendo, y que las medidas de intervención han generado desconfianza entre propietarios, que han optado por retirar sus inmuebles del mercado o reorientarlos a otras modalidades de alquiler". De hecho, la presión en el mercado del alquiler en Cataluña supera extraordinariamente a la del resto de regiones españolas.
¿Por qué fracasa la intervención?
Lo que está sucediendo en el mercado de la vivienda, que afecta tanto a la venta de inmuebles como al alquiler, tiene como principal causa el intervencionismo del Gobierno. Como todos los mercados, en el caso del sector inmobiliario la ley de la oferta y la demanda es la que marca el precio de los bienes, y ante variaciones de una u otra, la tendencia del mercado es encontrar un equilibrio en el que los distintos elementos que entran en juego se adaptan a las nuevas circunstancias.
Cierto es que este equilibrio no deja de ser una construcción teórica, puesto que el mercado permanece en un constante movimiento. Pero lo importante es saber que esa tendencia, por la cual la oferta se adecúa a variaciones en la demanda, y viceversa, sí existe en un mercado libre gracias al ánimo de lucro y la búsqueda del beneficio económico. Así, ante un aumento de los precios, como consecuencia del crecimiento de la demanda, aparecerán nuevos oferentes al ver que existe una oportunidad de negocio en ese sector, lo cual, al suponer un aumento la oferta del bien en cuestión, hará que el precio termine reduciéndose.
Ahora bien, si el Estado interviene en la economía de forma que impida que la información de mercado se transmita entre los agentes económicos o, en el mejor de los casos, desincentiva la actividad económica en un sector concreto, el funcionamiento natural de la economía se ve afectado.
En el caso del mercado de la vivienda en España, el control que ejerce el Estado sobre el suelo supone un primer obstáculo para que la iniciativa privada trate de dar respuesta a los cambios en la demanda. Por tanto, la dificultad para construir con mayor celeridad nuevos inmuebles es un elemento de rigidez que afecta a este sector. Pero la intervención más grave ha venido de la mano de Pedro Sánchez, que con la Ley de Vivienda, la protección a los okupas e inquiokupas, la limitación de la actualización de las rentas del alquiler y la prohibición de los desahucios en determinados casos, ha debilitado el derecho de propiedad y la capacidad para hacer uso de la misma.
Ante esta realidad, es evidente que los propietarios de vivienda se ven desincentivados a ofertar sus inmuebles en el mercado del alquiler, dada la inseguridad jurídica y la imposibilidad de rentabilizar sus viviendas tanto como les permita el mercado. En este mismo sentido se pronuncia, come hemos indicado, el Observatorio del Alquiler. El resultado de todo ello es que la oferta de alquiler se reduce, la demanda sigue aumentando, la presión del mercado se dispara y los precios no dejan de subir.
Por tanto, de nada sirve señalar a los malvados especuladores o a los fondos de inversión. Tampoco es cierto que la crisis de la vivienda sea responsabilidad de los pisos turísticos, porque menos del 1% de los inmuebles se dedica al alquiler vacacional, habiendo permanecido constante este porcentaje en el tiempo. El responsable es el Gobierno y su obsesión intervencionista.