Como sucedió con el volcán de la Palma, donde todavía quedan más de 300 millones en ayudas por llegar, o más recientemente con la dana que arrasó Valencia, y de donde el presidente del Gobierno literalmente salió corriendo, este verano la oleada de incendios que ha consumido decenas de miles de hectáreas en España y que, a la hora de escribir estas líneas ha terminado con la vida de tres personas, el Estado vuelve a adivinarse inoperante.
Más allá de la gresca política puesta en marcha por el ministro de Transportes, Óscar Puente, o de la manera más o menos acertada del PP de entrar al trapo, lo que queda de manifiesto, una vez más, es que los deberes no se hacen. No se limpiaron los barrancos de Valencia pese a que los técnicos así lo pedían, ni se desbrozan los campos en invierno para evitar la propagación de los incendios en verano.
Ante esta realidad, cabría suponer, como nos suelen indicar nuestros políticos, que esto depende de tener más o menos presupuesto. ¿Pero mayor dotación presupuestaria es sinónimo de mejor funcionamiento de los servicios? No.
En paralelo a la evolución de los incendios, otro de los desastres que sufrimos es el de la cada vez más deficiente red ferroviaria española, donde se acumulan cientos de miles de incidencias y retrasos anualmente. Este verano está siendo especialmente sangrante para los sufridos usuarios españoles (y extranjeros) que fían a Renfe sus desplazamientos por España. Mientras escribimos, el servicio ferroviario Madrid-Galicia, está suspendido por los incendios, pero es que hace sólo unos días, un convoy se quedaba parado en mitad de la provincia de Córdoba a 40 grados y sin aire acondicionado durante 3 horas por problemas en la vía.
Todo parece indicar que los problems en la red ferroviaria tienen mucho que ver con el mantenimiento de las mismas. En 'politiqués', esto se traduciría en falta de inversión. Falta de presupuesto para arreglar las vías y las catenarias. Pero si observamos la evolución de los presupuestos del Ministerio de Transportes observamos que en los últimos años, la dotación presupuestaria destinada al mantenimiento de la red ferroviaria no ha disminuido, sino que se ha multiplicado.
Más dinero para las vías y cada vez peores servicios
Si observamos las cifras que nos ofrece Adif, hemos pasado de invertir en mantenimiento de la red ferroviaria para alta velocidad de los 1.011 millones de 2020 a los 1.974 millones de 2023. En total si además contamos con la ejecución presupuestaria para el mantenimiento de la red convencional, nos vamos en total a 3.404 millones de euros.
Siendo estos los datos, profundizamos estrictamente en el presupuesto de mantenimiento de la red, en 2024 se invierte entre red convencional y alta velocidad 637 millones de euros, un 46% más que diez años antes. En cuanto a 2025 la proyección habla de alcanzar los 681 millones de euros, lo que supone un nuevo incremento presupuestario. Si nos fijamos únicamente en la Alta velocidad pasamos de 187,7 millones en 2024 a 200 millones en 2025.
Pues bien, ¿cuál es el resultado de este incremento presupuestario? Si sólo habláramos 'politiqués' estaríamos ante una paradoja imposible: ¿Cómo aumentando el presupuesto los servicios son peores? Quizá por eso Óscar Puente sigue presumiendo, pese al acreditado desastre en que se ha convertido Renfe, que España tiene el servicio ferroviario más puntual de Europa.
¿Qué pasa con la financiación de la prevención?
En el caso de las partidas destinadas a la prevención de incendios con desbroces y el despeje de los cortafuegos, entre otras actuaciones, el camino que se ha llevado a cabo ha sido el contrario. Siempre según los datos del Ministerio de Transición Ecológica y la Asociación Española de Municipios Forestales, en los últimos 12 años la financiación de la prevención de incendios forestales ha caído un 51%. Pero no ha sido por igual en toda España. En Castilla y León el retroceso habría sido del 90% mientras que en Extremadura habría subido un 17%.
Sin embargo, esta evolución de nada sirve si no se gestiona, y especialistas como el exdirector general de Medioambiente de Extremadura, Paco Castañares, el problema no es tanto de financiación, como de gestión del territorio rural y forestal. El abandono del campo, la acumulación de biomasa y la falta de previsión efectiva que han convertido los bosques en polvorines, según denuncia.
Y es que, a menudo, los intereses de los especialistas en gestión forestal y prevención de incendios, chocan con la de algunos otros organismos, como Greepeace o Ecologistas en Acción, que instan a las autoridades a evitar "la mutilación" de los montes. Para estas asociaciones, "la eliminación indiscriminada de vegetación puede dañar ecosistemas y no necesariamente reducir el riesgo de incendios".
Por su parte Greenpeace considera que "aunque la acumulación de biomasa pueda aumentar el riesgo de incendios, la solución no es simplemente eliminarla sin considerar el contexto ecológico. Además, subraya que los incendios no se apagan en invierno y que los bosques requieren una gestión activa durante todo el año".
En el caso de la dana de valencia, recordemos que un informe poco menos que imploraba al Gobierno una solución de limpieza de barrancos ante el riesgo de inundaciones, dos años antes de la dana de octubre de 2024. Un informe que, por supuesto, desoyó la entonces titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
En definitiva, que con más o menos presupuesto, lo que deberían hacer los administradores políticos que disponen de los fondos, es gestionarlos de la mejor manera posible. Da la sensación de que el debate suele reducirse a si se invierte más o menos. El problema, sin embargo, es si ese dinero se invierte y gestiona bien o mal. A juzgar por lo sucedido en la dana de octubre de 2024, o en el caos ferroviario de este verano, o en los incendios que calcinan estos días buena parte de España, el problema trasciende la suficiencia de financiación. El problema apunta básicamente a una gestión inexistente: ¿Qué hacen estos políticos con el dinero?