Ya está. El Consejo de Ministros evacuaba ayer la aprobación del anteproyecto de Ley por la que el Estado asume 83.252 millones de euros de deuda de las Comunidades Autónomas. Es decir, el cumplimiento del requisito que puso ERC a Pedro Sánchez para darle su apoyo en la investidura en 2023.
Este anteproyecto tiene que pasar todavía por el consejo de Estado y por debate parlamentario para ser aprobado posteriormente por el Congreso y por el Senado, pero de momento el primer paso, el compromiso del Gobierno con Esquerra está dado.
Pero, ¿qué implica la quita de la deuda? El Gobierno ha montado un gran plan que entraña numerosos riesgos. Primero, utiliza una metodología que hace que Cataluña deba recibir un perdón del doble de lo que debería recibir de cumplir unos criterios homogéneos, tal y como ha denunciado Fedea.
Pero es que además, genera un problema añadido, que es el de credibilidad de la deuda española, y el quebranto de la igualdad de los españoles ante la ley. Todo con una comunidad autónoma como Cataluña que es campeona en gasto, despilfarro deuda e impuestos. Para rematar un objetivo: ¿a quién va a perjudicar? A Madrid.