No lo hicimos bien en el pasado. Y tiene muy mala pinta para el futuro. España fue el miembro de la UE que más déficit público acumuló entre 2013 y 2022. Ahora es el país en el que las previsiones sobre el aumento del gasto en pensiones para las próximas dos décadas son más elevadas. Todo esto, además, tras una década de crecimiento. Complicado imaginar qué pasaría o cómo serán las cifras en una situación recesiva. Por el momento, tiramos p'alante: nadie plantea seriamente un ajuste fiscal o recortes del gasto. Si hemos llegado hasta aquí, ¿por qué va a cambiar algo en el futuro?
El siguiente gráfico es muy significativo. Está sacado del informe "La (in)sostenibilidad de la Seguridad Social", que Santiago Calvo y Daniel Fernández publicaban esta semana para el Centro Ruth Richardson de la Universidad de las Hespérides.
Como vemos, es una imagen no muy habitual: lo que compara es cómo lo han hecho los países en la última década en términos de sostenibilidad fiscal. Y cómo afrontan ahora los próximos 20 años, los más peligrosos para las finanzas públicas de los estados europeos, que tendrán que afrontar la jubilación de los boomers.
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En el eje vertical, saldo promedio de los diferentes países entre 2013 y 2022. Es decir, cuanto más arriba estés, mejor: quiere decir que has tenido superávit (o déficit muy bajo). Y al contrario, los países que están más abajo (Grecia, Italia, Francia, España) son los que han acumulado un déficit público promedio más elevado.
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En el eje horizontal, la distribución de los puntos obedece a los cálculos que la Comisión Europea hace acerca del crecimiento del gasto en pensiones para las próximas dos décadas. Los países más a la izquierda son los que (bien porque no sufrirán un envejecimiento tan acusado, bien porque recortarán las prestaciones, bien porque dispararán su crecimiento) en Bruselas creen que contendrán más esa subida del gasto en relación al PIB. Los países más a la derecha son aquellos en los que los técnicos comunitarios anticipan un mayor incremento del gasto en pensiones.
¿Y España dónde está? Pues es fácil de encontrar. El punto negro, en la esquina inferior derecha. Somos los que peor lo hicimos en el pasado (saldo fiscal medio negativo de cerca del 5% del PIB desde 2013) y los que afrontamos un futuro más preocupante: incremento previsto del gasto en pensiones de cerca de cuatro puntos del PIB hasta 2045.
En realidad, ninguna de estas dos situaciones debería sorprendernos. Durante la última década, ningún Gobierno ha hecho un esfuerzo real y consistente para reducir el déficit público. Cuando se ha logrado, ha sido por una mezcla de crecimiento, subida de precios e incremento de los impuestos. ¿Ajustes? Se hicieron unos pocos entre 2008 y 2012, empujados por la crisis de deuda soberana, la presión de nuestros socios europeos y la prima de riesgo. Luego, si te he visto no me acuerdo. Y lo mismo en lo que tiene que ver con el gasto en pensiones: la política ha sido siempre de hacer los mínimos retoques posibles y revertirlos en cuanto había alguna ocasión favorable. Por cierto, en uno y otro aspecto, ha habido bastante consenso político (y social y mediático).
El futuro
Con este panorama, qué podemos esperar. Los autores del informe no son especialmente optimistas. Algo lógico viendo las cifras:
La sostenibilidad del sistema público de pensiones constituye uno de los principales problemas estructurales de la economía y de las finanzas públicas en España, lo que exige una reforma profunda y urgente que armonice de forma sostenible y realista la relación entre ingresos y gastos, ya que cualquier dilación en la adopción de medidas solo incrementará los costes económicos, fiscales y sociales que deberán asumir las generaciones futuras.
En realidad, todas las opciones que están sobre la mesa las conocemos. Para hacer la cosa algo más digerible, necesitaríamos mucho crecimiento y mejoras de la productividad (que no se están logrando). Más allá de eso, que no depende sólo de nosotros, las medidas políticas que pueden tomarse son sólo tres:
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Incremento de los ingresos, vía subida de impuestos o cotizaciones. Es lo que planteaba la última reforma de las pensiones (en realidad, reforma fiscal) aprobada, la del exministro José Luis Escrivá. Pero es una alternativa con las patas muy cortas: subir un poco más la presión fiscal al trabajo en España puede tener efectos muy dañinos sobre el crecimiento y el empleo.
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Recorte del gasto en pensiones. Políticamente, imposible de plantear para las rentas de los actuales pensionistas; más cercano en el caso de los pensionistas futuros (a los que se aplicará ese recorte, sin explicarlo demasiado, vía endurecimiento de las condiciones para acceder a la prestación)
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Recorte del gasto en otras partidas. Y también para eso está muy bien este informe de Hespérides. Porque nos muestran con mucha claridad en que se gastan las administraciones públicas españolas el dinero cada año. El desglose, en la siguiente tabla.
¿Ven muchos apartados de los que recortar los más de 50.000 millones de déficit que tenemos actualmente y, además, los miles de millones extra que serán necesarios para pagar la creciente nómina de pensiones e intereses de la deuda?
Como vemos, junto a la protección social (pensiones y otras prestaciones similares), destacan cuatro grandes apartados ( con un gasto por encima de 60.000 millones de euros; el siguiente -orden público, ya está por debajo de los 30.000 millones). Dos de ellos (Educación y Salud parecen intocables. Los otros dos son: "Servicios públicos generales" (la principal partida en este campo tiene que ver con la deuda pública) y "Asuntos económicos" (en este caso, la subpartida más elevada es el "transporte") son también mucho menos susceptibles de recorte de lo que pensamos. Lo que queremos decir es que no son chiringuitos o coches oficiales. ¿Se pueden tocar? Sí, pero sería doloroso y electoralmente complicado.