El precio de la vivienda en España continúa su escalada de precios y este segundo semestre se ha elevado un 12,7%, incremento solo equiparable al del periodo anterior a la crisis financiera de 2008. La constante subida del precio de los inmuebles convierte en prácticamente irrealizable el proyecto de vida de muchos ciudadanos, especialmente jóvenes, que no pueden acceder a un mercado bloqueado artificialmente por las imposiciones gubernamentales y las barreras de entrada establecidas con las últimas leyes del sanchismo.
Las tensiones regulatorias están provocando también un peculiar desequilibrio al ser la vivienda de segunda mano la que más se está encareciendo, pero esta paradoja aparente encuentra su explicación en los obstáculos inasumibles que sufre el mercado de alquiler. Y es que la ley de vivienda de Sánchez y las continuas reformas introducidas vía decreto en el periodo post pandemia obligan a los propietarios de viviendas de alquiler a aumentar el periodo mínimo de los contratos, impidiéndoles actualizar los precios como ambas partes consideren oportuno. La tolerancia con los okupas y las trabas a la inversión son otros dos factores que han contribuido a que el precio de la vivienda en alquiler se dispare hasta extremos prohibitivos para la mayoría de familias españolas. La consecuencia de todo ello es que muchas de esas familias deciden invertir en una vivienda de segunda mano, de precio inferior a la de nueva construcción, lo que ha tensionado un mercado que ya no es capaz de absorber la demanda generada.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha defendido tras conocer estos datos que hay que intervenir todavía más el sector porque "el mercado por sí solo no funciona", receta habitual del Ejecutivo socialcomunista sobre la que Pedro Sánchez incidió especialmente en su entrevista de esta pasada semana en la televisión gubernamental. Sin embargo, la realidad es que es la intervención del mercado lo que contribuye a que comprar o alquilar una vivienda en las principales ciudades españolas se haya convertido en todo un calvario para el ciudadano. Como siempre ocurre, aumentar la coacción estatal en un sector abrumado por las regulaciones agrava la escasez del bien que se pretende abaratar, como estamos viendo con especial crudeza en el caso de la vivienda.
Lo único que puede mejorar el acceso de los ciudadanos al mercado inmobiliario, tanto de compra como de alquiler, es eliminar las trabas artificiales impuestas por el Gobierno, garantizar la seguridad jurídica de los propietarios y rebajar la presión fiscal que soportan los compradores y vendedores de una vivienda. Son medidas de puro sentido común que, precisamente por eso, son rechazadas de plano por Sánchez y sus ministros, dispuestos a imponer a toda costa su agenda ultraizquierdista, aunque eso suponga un castigo inasumible por las clases menos favorecidas.