A lo largo de las últimas semanas hemos dado altavoz en Libre Mercado a una serie de contrataciones de empresas de detectives privados por parte de distintos organismos de la Administración Pública, desde ayuntamientos hasta la misma Junta de Andalucía, con el fin de investigar tanto el absentismo como las bajas laborales. En este artículo vamos a mostrar varias de las contrataciones que se han producido en los últimos tiempos, lo que está suponiendo una auténtica oleada de contrataciones de detectives privados.
Una de las más recientes contrataciones, y de la que aún no habíamos hablado en este medio, es la que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Calp (Alicante). Así pues, y como expresa el ayuntamiento a través de su página web, "la alcaldesa de Calp, Ana Sala, ha remitido una providencia al departamento de Recursos Humanos con el fin de que redacte un pliego técnico y administrativo para contratar los servicios de vigilancia y seguimiento de las bajas laborales que se registran en el Ayuntamiento de Calp".
De esta forma, la duración del servicio se planteará que sea para dos años y un año prorrogable. Según se dice en el propio comunicado: "el objetivo de esta medida es reducir en la medida de lo posible el absentismo laboral que se produce en la administración local".
Tasas de absentismo del 10%
Tal y como cuenta el Ayuntamiento de Calp en su web, según su departamento de Recursos Humanos el nivel de absentismo laboral en este ayuntamiento alcanza el 10% y supera la media del sector. Es por ello que "desde la alcaldía se ha considerado la necesidad de mejorar la gestión de los procesos de seguimiento de las bajas laborales. El Consistorio calpino cuenta con una plantilla cercana a los 500 trabajadores". Por último, en cuanto a este caso, se dice "hay que optimizar los recursos del Ayuntamiento" y que ese nivel de bajas no se lo pueden permitir.
Esta línea de contratación de detectives privados también la han seguido otras entidades como el Ayuntamiento de Fuengirola o el de Alcorcón. En el caso del primero, y como ya contamos aquí, tenemos que se descubrió recientemente que el organismo público emitió un pliego con un presupuesto de 18.148 euros donde se detallaba que la empresa elegida tendrá que vigilar la casa y los lugares más frecuentados por los funcionarios seleccionados durante al menos tres días por persona, aunque dicho plazo se podría ampliar si el departamento de RRHH así lo considera necesario.
Al igual que ocurre con el Ayuntamiento de Calp, en Fuengirola también se menciona que la tasa de absentismo llega a ser del 10% en algunos departamentos, especialmente en los de servicios operativos y de limpieza. En el caso del Ayuntamiento de Alcorcón, el organismo público contrato en el año 2024 los servicios de detectives privados para investigar las bajas prolongadas de sus empleados, con un presupuesto que alcanzó los 16.940 euros, como también contamos aquí.
También publicamos hace unos días como la Junta de Andalucía ha contratado los servicios de una empresa de detectives privados por más de 240.000 euros para investigar las bajas laborales en la empresa pública de Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa), que se dedica a gestionar las ITV y que cuenta con unos 2.000 empleados en su plantilla. Este contrato tendría una duración prevista de cuatro años y la empresa elegida tendrá que verificar si el operario en cuestión está llevando a cabo alguna actividad laboral por su propia cuenta o ajena u otro tipo de actividades que sean contrarias a la dolencia, y que sean incompatibles con la situación de incapacidad temporal o permanente en la que se pudiera encontrar.
Por último, este miércoles hemos contado como el Ayuntamiento de Tarragona ha recurrido a detectives privados para investigar el absentismo laboral de la Empresa Municipal de Transportes de Tarragona (EMT), aunque se desconoce la cuantía del contrato. Al parecer, esta contratación estaría motivada por el caso de un trabajador de la EMT del que se sospechaba que se encontraba de baja laboral y al mismo tiempo estaba prestando servicios para otra empresa.
En resumidas cuentas, hemos visto cinco casos recientes en la Administración Pública donde se recurre a la contratación de servicios de vigilancia ante el elevado absentismo laboral o ante algunas bajas laborales que los organismos públicos consideran sospechosas.