Por sus compromisos parlamentarios y la obsesión por regular el mercado, desde el Gobierno siguen adelante con su iniciativa de obligar a las grandes empresas a atender a sus clientes en las lenguas cooficiales de cada región. Así, lo ha confirmado este miércoles el ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, quien asegura que desde el Ejecutivo siguen negociando con sus socios la puesta en marcha de esta medida.
No obstante, lo cierto es que desde el sector empresarial esta iniciativa no ha sido bien recibida. En concreto, CEIM (la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE) ha publicado un comunicado en el que "rechaza de manera contundente la propuesta de Junts, aceptada por el PSOE". De este modo, se rechaza la propuesta de Junts, que sería aplicable para las empresas que cuentan con más de 250 empleados o que facturen más de 50 millones de euros.
Supone un aumento de costes
En este sentido, en nombre de los empresarios de Madrid, la organización subraya que "exigimos al Gobierno respeto a la libertad de empresa, en una economía regida por el intercambio y los precios en condiciones de igualdad, y dejar de lado las imposiciones, que tanto dañan la competitividad empresarial". De hecho, consideran que "es inaceptable que se introduzca la política en las iniciativas empresariales", denunciando que "debe respetarse el margen de autonomía de dirección para el empresario, característica inherente a cualquier empresa privada".
Por otra parte, desde CEIM recuerdan al Gobierno, sin necesidad de imponerlo desde el poder político, que la mayoría de las empresas que operan en Cataluña ofrecen la posibilidad, tanto a sus clientes como a sus proveedores, de ser atendidos en catalán. Asimismo, los empresarios explican que el Ejecutivo no ha hablado con las empresas afectadas por esta nueva regulación. "Se toman las decisiones en el ámbito político y se aplican al privado sin medir las consecuencias", aseveran.
En este contexto, los empresarios madrileños no dudan en señalar que el Gobierno quiere poner en marcha esta iniciativa únicamente por motivos políticos. Así, señalan que la obligación de atender a los clientes en las lenguas cooficiales "obedece solamente a un acuerdo político ajeno al interés general, que implica contentar a los nacionalistas y seguir en el poder", al mismo tiempo que se acepta intervenir en la actividad privada de las empresas.
Con todo, los empresarios explican que esta normativa supondrá un aumento de costes en un contexto en el que la presión fiscal asfixia al tejido productivo. "Esta obligación supondría que las empresas de los sectores básicos de interés general tuvieran que implementar un servicio de atención al cliente en catalán, con el sobrecoste que ello implicaría". Además, CEIM denuncia también que esta obligación mermará la productividad de las empresas, subrayando que esta cuestión "parece ser la última preocupación del Gobierno". De este modo, apuntan que "es intolerable introducir obligaciones, burocracia, costes y disfunciones por razones meramente políticas".