El nuevo informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE) no solo alerta del desplome de España en el Índice de Libertad Económica 2025, sino que dedica un capítulo específico a los efectos combinados de la inseguridad jurídica y la presión fiscal, dos factores que —según el estudio— se han convertido en barreras estructurales para la inversión y el crecimiento.
El documento constata que la conflictividad tributaria se ha disparado en los últimos años. Las reclamaciones económico-administrativas presentadas por contribuyentes ante la Agencia Tributaria han pasado de 180.916 en 2019 a 239.177 en 2023, un aumento superior al 30% en apenas cuatro años. Pese a los avances en la capacidad de resolución, cerca de la mitad de las reclamaciones dan la razón al contribuyente, lo que evidencia deficiencias en la aplicación de las normas fiscales. En 2023, Hacienda tuvo que provisionar 1.112 millones de euros para devolver impuestos y sanciones indebidamente exigidos, el doble que en 2019.
Esta escalada de litigiosidad se produce en un contexto de recaudación récord: en 2024 los ingresos tributarios ascendieron a 294.734 millones de euros, un 8,4% más que el año anterior. El IEE subraya la paradoja de que, pese a la bonanza recaudatoria, la conflictividad no disminuye y la economía sumergida incluso crece, síntoma de una presión fiscal en aumento y un sistema percibido como impredecible.
Los indicadores internacionales confirman este mal desempeño. El Índice de Competitividad Fiscal sitúa a España en el puesto 33 de 38 países de la OCDE, lastrado por una estructura impositiva compleja y gravosa, la existencia de impuestos patrimoniales como el de patrimonio o sucesiones —inusuales en el entorno OCDE—, una base estrecha de IVA que obliga a tipos más altos y un IRPF con tipos marginales que superan el 45% en muchas regiones e incluso rebasan el 50% en algunas.
Casos paradigmáticos: Ley Beckham, startups y renovables
El informe repasa varios episodios que ilustran la inseguridad jurídica fiscal. Cita los conflictos en torno a la Ley Beckham, que inicialmente ofrecía incentivos a trabajadores internacionales, pero cuya aplicación ha sido cuestionada por la propia Administración, generando inspecciones y amenazas de procesos penales a beneficiarios que contaban con certificados válidos. Algo similar ocurrió con la Ley de Startups, cuyo reglamento se retrasó meses, dejando a miles de solicitantes en un limbo legal.
También se recuerda el caso de las energías renovables, donde cambios retroactivos en el régimen de retribución desencadenaron decenas de litigios internacionales, dañando la reputación de España como destino de inversión.
Impacto en la inversión
La incertidumbre fiscal tiene efectos claros sobre el dinamismo económico. A pesar de los fondos europeos, la inversión privada en 2024 se mantuvo un 3,5% por debajo de los niveles de 2019, mientras que la inversión extranjera directa, aunque alcanzó 36.800 millones de euros, sigue muy lejos del récord de 54.800 millones de 2018.
En el Índice de Libertad Económica 2025, la puntuación de España en carga fiscal ha caído a 57,7 puntos, frente a los 62,3 que registraba en 2019, reflejo de un entorno cada vez más hostil para la actividad empresarial. El IEE advierte de que la no deflactación del IRPF ha supuesto un aumento real de más del 40% en los tipos efectivos, a lo que se suman casi un centenar de subidas de impuestos y cotizaciones en el último lustro.
Reformas urgentes
El IEE propone simplificar y estabilizar el marco tributario, reducir la conflictividad mediante una Administración más orientada a facilitar el cumplimiento y alinear la carga fiscal con la media de los países competidores. «Si pagar muchos más impuestos ya es, en sí, un obstáculo para la libertad económica, peor aún es hacerlo en un entorno impredecible y cambiante», advierte el informe.