La propaganda propalestina, o mejor dicho, antisionista, habla de genocidio en Gaza. El presidente del Gobierno de España se ha posicionado claramente al lado de los intereses de Hamás, presionando para que Netanyahu declare el alto el fuego sobre Gaza, donde son precisamente los terroristas de Hamás quienes continúan usando a su pueblo como escudos humanos y se niegan a entregar a los cerca de 50 rehenes que tienen retenidos, no se sabe si vivos o muertos.
Atribuir un genocidio a Israel sobre Palestina con un mínimo conocimiento de la relación que existe entre Israel y la población de Gaza resulta de un absurdo estratosférico, desde el momento en que la única intención de Israel es protegerse y preservar a su población, y el primero de los mandatos constitucionales de Hamás y de Palestina es acabar con el pueblo de Israel "desde el río hasta el mar". Es decir, que de aceptar una solución de dos estados, uno de ellos viviría casi únicamente con la intención de asesinar a todos los que están al otro lado del muro. Como intentaron el 7 de octubre de 2023, y el otro con la única intención de vivir y defenderse.
Curiosamente la propaganda propalestina lo que hace es atribuir justo las intenciones opuestas. Y esto es lo que no cabe de ninguna manera. Y los números así lo indican. Palestina tiene un PIB estimado en 2025 de algo más de 14.000 millones de dólares. Con una población de 5,4 millones de habitantes con un PIB per cápita de unos 3.800 dólares al año en paridad de poder de compra al año. Apenas 300 euros al mes. Está entre las cincuenta economías más pobres del mundo.
Una de las partidas más importantes de ingresos de Palestina (2,3 millones en Gaza y 800 mil en Cisjordania) es ayuda humanitaria, unos 4.000 millones los últimos años. Según sus propios datos, el sector primario representa unos 830.000 millones de dólares, el industrial unos 2.300 y los servicios unos 5.000 millones. Además, de los 400-500 MW de electricidad para cubrir la demanda básica. Solo tiene una planta eléctrica propia, que funciona de forma intermitente y con diésel importado. El grueso de la electricidad llega de Israel y una pequeña parte de Egipto. Además, los cortes son crónicos. En la práctica, la mayoría de los hogares solo tienen 4 a 12 horas de electricidad al día, dependiendo del momento y el suministro.
Además, la principal fuente de agua potable es el acuífero costero, pero está sobreexplotado y salinizado. Israel suministra directamente unos 10 millones de m³ de agua al año (aprox. el 10% del consumo de Gaza), a través de Mekorot, la compañía nacional israelí de agua. El resto procede de pozos locales y, en pequeña medida, de plantas desalinizadoras financiadas por donantes internacionales. Al no poder tratar toda el agua residual, gran parte termina en el mar Mediterráneo, lo que supone un grave problema sanitario y ambiental. Israel controla el acceso al combustible, indispensable para hospitales, desalinizadoras, transporte y la planta eléctrica. Además, unos 18.000 gazatíes pasan regularmente a Israel para poder trabajar hasta el pasado 7 de octubre de 2023, cuando los permisos regulares de trabajo se denegaron.
¿Un estado genocida que quisiera acabar con los gazatíes por limpieza étnica, suministraría luz y agua, ayudaría en alcantarillado y facilitaría la entrada de ayuda humanitaria, de la que prácticamente vive esa población? ¿Acogería a miles de ellos en su territorio para trabajar? Mientras, en Gaza, sus autoridades invierten en armas con el único objetivo de acabar con Israel, y no se preocupan de que funcionen servicios básicos, manteniendo a la población gazatí en la más absoluta miseria, como una de las 40 poblaciones más pobres del mundo.