El Instituto Juan de Mariana ha publicado un informe demoledor: este año, los ingresos propios de la Seguridad Social solo alcanzan para cubrir las pensiones hasta el 3 de octubre. A partir de esa fecha, todo lo que se paga a los jubilados depende de transferencias del Estado, es decir, de más déficit y más deuda.
El dato debería sacudir la política española. No hablamos de una anécdota contable, sino del verdadero "elefante en la habitación" de nuestras finanzas públicas: un sistema de pensiones que consume cada vez más recursos, mientras los ingresos por cotizaciones se muestran insuficientes incluso en un contexto de presión fiscal récord.
El déficit oficial de la Seguridad Social en 2024 se presentó como moderado, apenas un 0,54% del PIB. Pero esta fotografía es engañosa. Sin las transferencias del Estado, el agujero real supera los 51.000 millones anuales. En la práctica, uno de cada cuatro euros abonados por el sistema procede de impuestos generales y de deuda pública. O dicho de otra manera: las pensiones actuales deberían reducirse en un 25% para ser sostenibles con los ingresos propios del modelo.
El deterioro no es nuevo. Entre 2005 y 2025, el Estado ha inyectado más de 400.000 millones de euros para tapar el agujero de la Seguridad Social. Es una cantidad equivalente al PIB de Austria o Noruega, desviada de posibles usos como reducir impuestos, invertir en infraestructuras o reforzar sanidad y educación. El Fondo de Reserva, que en 2011 superaba los 66.000 millones, se ha evaporado: hoy la Seguridad Social acumula 126.000 millones de deuda y un patrimonio neto negativo cercano a los 100.000 millones.
Un problema estructural
El problema es estructural. La revalorización automática de las pensiones con el IPC ha disparado el gasto en más de un 75% desde 2021, sumando más de 3.000 millones adicionales al mes. A esto se añade la jubilación de la generación del "baby boom", que hará que España lidere el gasto en pensiones en Europa a lo largo de las próximas décadas. La Comisión Europea proyecta que, hacia 2050, las pensiones absorberán casi la mitad de toda la recaudación fiscal.
Mientras tanto, la carga recae sobre los trabajadores. Desde 2018, las cotizaciones han crecido más rápido que los salarios, erosionando el poder adquisitivo de los ocupados. La brecha generacional se ensancha: entre 2008 y 2024, la renta real de los jóvenes cayó un 3%, mientras los mayores de 65 la aumentaron en un 18%. El sistema redistribuye riqueza, sí, pero lo hace de forma regresiva: favorece a los jubilados a costa de empobrecer a quienes sostienen el sistema.
Por descontado, el supuesto "relleno" de la "hucha de las pensiones" no cambia nada. Los 9.400 millones acumulados con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional apenas cubren 16 días de nóminas, frente a una deuda que crece seis veces más rápido. Es un espejismo contable, no una mejora genuina de las cuentas.
Con estas cifras, el Día de la Deuda de la Seguridad Social se sitúa en 2025 el 3 de octubre. A partir de ahí, los ingresos por cotizaciones se agotan y las prestaciones dependen íntegramente de impuestos y deuda. La herramienta diseñada por el Instituto Juan de Mariana permite visualizar de forma pedagógica el desfase estructural que arrastra el sistema y dimensionar la presión que ejerce sobre el conjunto de las finanzas públicas.