Con toda la cuestión del llamado cupo catalán o "financiación singular de Cataluña" hay un tema que se suele pasar por alto y es el elevado nivel de organismos públicos que aglutina la comunidad dirigida por Salvador Illa. De acuerdo con un informe realizado por la Fundación Hay Derecho, se ha llevado a cabo un análisis de todas las comunidades autónomas y se ha descubierto que en Cataluña se produce una "situación anómala".
Según este informe de 118 páginas, Cataluña es la CCAA que tiene más entidades públicas incluso si se tienen en consideración variables como la población o el PIB. En el caso de Cataluña nos encontramos con que existen hasta 277 entes públicos, superando así a otras comunidades que tienen un PIB mayor o similar como es el caso de Madrid, que cuenta con 103 entes públicos y tuvo un PIB que superó al catalán en 14.000 millones de euros en 2024, según el INE. Cataluña también duplica a Andalucía en entidades públicas propias, ya que la comunidad dirigida por Moreno Bonilla cuenta con 129 entes, a pesar de tener Andalucía una mayor extensión territorial y una mayor población.
Galicia (96 entes), el País Vasco (93 entes), la Comunidad Valenciana (91 entes) o Aragón (62 entes) son otras de las comunidades autónomas que también tienen una gran diferencia de organismos públicos en comparación con Cataluña. Las regiones que menos entes públicos propios tienen son la Rioja (19), Castilla-La Mancha (30) y Murcia (32).
De acuerdo con el informe, "esta sobredimensión institucional no puede explicarse únicamente por razones de escala económica, demográfica o incluso territorial. Cataluña tiene el 16% de la población estatal y genera aproximadamente el 19% del PIB, pero concentra más del 25% del total de entidades autonómicas. Esta desproporción sugiere una estructura institucional que responde a otros objetivos que los puramente operacionales o de gestión".
El protoestado catalán
Esta mayor estructura gubernamental por parte de Cataluña es lo que lleva a organismos como la mencionada fundación a calificar este entramado institucional como una especie de "protoestado". Dicha tesis es defendida también por el economista Jesús Fernández-Villaverde, que en su libro "La factura del cupo catalán" (escrito junto a Francisco de la Torre) expone otra serie de datos que muestran el mayor gasto gubernamental de Cataluña en comparación con otras comunidades como Madrid.
En dicho libro se muestra que, por ejemplo, Cataluña dedica 72,5 millones a política exterior (frente a los 3,9 millones de Madrid), o que destina 237 millones de euros a la alta dirección (por los 58 millones de Madrid), mostrando de esta forma una estructura institucional más densa y costosa. Todos estos datos muestran que no existe una justificación técnica para ese mayor gasto, sino que se debe más bien a una razón puramente ideológica, vinculada claro está con el independentismo catalán.
Este informe también señala "la ausencia de unos requisitos legales mínimos de mérito y capacidad para acceder a puestos directivos en el sector público catalán. Esta carencia, unida a la falta de transparencia y a la elevada politización, ha permitido el nombramiento de perfiles con escasa o nula adecuación funcional, incluso en entidades que manejan presupuestos muy relevantes o que tienen una importancia estratégica alta. Además, el análisis revela una elevada politización, con muchos directivos con trayectorias vinculadas a partidos políticos, ya sea como cargos electos o como cargos públicos, lo que se refleja en una puntuación promedio de independencia política baja."