Las compañías NextEra Energy y 9REN han pedido al Tribunal Supremo de Estados Unidos que rechace la solicitud de España para revisar las sentencias que permiten ejecutar los laudos de las renovables. En su escrito de oposición, al que ha tenido acceso Libre Mercado, ambas empresas acusan al Reino de España de intentar que los tribunales estadounidenses "le ayuden a romper sus promesas internacionales".
NextEra es un gigante de las energías renovables, con una capitalización de más de 170.000 millones de dólares. Su escrito, presentado junto al holding 9Ren, ha sido remitido al Tribunal Supremo para responder con dureza al intento del gobierno de Pedro Sánchez de anular los laudos dictados por el CIADI según los cuales España debe indemnizar a las empresas que sufrieron los recortes retroactivos de las primas renovables.
Así, NextEra y 9REN argumentan que España consintió "incondicionalmente" la celebración de los arbitrajes, al ratificar tanto el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) como el Convenio del CIADI, bajo los cuales se canalizaron estos litigios. Ambas compañías consideran que el país ibérico pretende "reescribir sus compromisos", alegando "una supuesta incompatibilidad con el derecho de la UE que no atañe a tribunales ajenos a la Unión", como los del país norteamericano.
"España pinta el cuadro de un Estado extranjero injustamente arrastrado ante los tribunales de EEUU por unos arbitrajes a los que nunca consintió. Nada podría estar más lejos de la verdad", sostienen NextEra y 9REN. Sus abogados recalcan que el TCE, del que España era firmante cuando sucedieron los hechos, "obliga a los Estados a arbitrar con inversores de otros países firmantes y que el Convenio del CIADI impone la obligación de reconocer y ejecutar los laudos en cualquier país asociado a su sistema, tratando dichas decisiones como si fueran sentencias firmes emitidas por sus propios tribunales nacionales. En EEUU, de hecho, esa obligación está plasmada en la ley federal 22 USC 650a, que ordena que los tribunales "den plena fe y crédito" a los laudos del CIADI".
Casi 300 millones de deuda con NextEra
Las dos compañías invirtieron casi 1.000 millones de euros en plantas solares en España, confiando en las tarifas reguladas que luego fueron eliminadas retroactivamente a través de las reformas del periodo 2010-2014. Tras perder el arbitraje, España alegó que varias decisiones del Tribunal de Justicia de la UE (Achmea, Komstroy) invalidaban la celebración de arbitrajes para el caso de empresas europeas, señalando que éstas deberían acogerse a los tribunales nacionales de justicia. Sin embargo, España era firmante del TCE y del Convenio del CIADI antes de que se emitiese esta decisión y, además, empresas como NextEra no son europeas, motivo por el cual los jueces estadounidenses han reconocido sus reclamaciones.
España ha elevado el caso al Supremo, invocando "inmunidad soberana". El escrito de NextEra y 9REN desarrolla tres grandes líneas de defensa:
1. Consentimiento claro al arbitraje. El artículo 26 del TCE contiene un consentimiento "incondicional" a arbitrar con los inversores de otros Estados firmantes de los tratados. Ese compromiso basta para activar la excepción arbitral del Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA), que permite demandar a un Estado extranjero cuando existe un acuerdo "con o en beneficio de" una parte privada. Según NextEra, el TCE es precisamente un acuerdo "en beneficio" de los inversores.
2. El derecho de la UE no puede anular un tratado internacional. Invocando la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, las empresas recuerdan que ningún Estado puede invocar su derecho interno para incumplir un tratado internacional, salvo que el vicio fuese "manifiesto" al momento de la firma, lo cual no ocurre aquí. Las decisiones de los casos Achmea y Komstroy son fallos posteriores y, además, no alteran el texto del TCE que suscribió España.
3. España renunció a la "inmunidad soberana" al ratificar el Convenio del CIADI. Citando precedentes del Segundo Circuito (casos Blue Ridge y Mobil Cerro Negro), así como fallos recientes en Australia, Reino Unido o Nueva Zelanda, la defensa sostiene que ratificar el Convenio del CIADI implica renunciar implícitamente a la inmunidad soberana frente a demandas de ejecución de laudos. De otro modo, el sistema global de arbitraje carecería de sentido, porque los países condenados simplemente podrían negarse a pagar los laudos, conscientes de que no serían reconocidos por ningún otro Estado.
En cuanto a la doctrina del "forum non conveniens" (otro argumento de España que alude a la posibilidad de rechazar el caso por considerar que sería mejor juzgarlo en otro país), NextEra alega que España "ni siquiera cree en esa objeción, puesto que su objetivo real es que ningún tribunal del mundo ejecute los laudos". Además, recuerda que "solamente los tribunales estadounidenses pueden embargar bienes de España situados en EEUU, por lo que el foro es el adecuado".
El escrito cierra con una acusación contundente: "en el fondo, España pide a este Tribunal que intervenga para ayudar al Reino a romper sus promesas internacionales, a costa de las propias obligaciones de Estados Unidos". Por ello, NextEra insta al Supremo a denegar el certiorari, es decir, a no admitir el recurso de España, y dejar firme la sentencia, que permite ejecutar los laudos emitidos originalmente por el CIADI.
En suma, España acumula una deuda de 1.492 millones con 26 empresas a las que sigue sin pagar los laudos de las renovables. A esta cifra hay que sumarle 395 millones en concepto de condenas en costas, intereses de demora y otros sobrecostes. La deuda existente con NextEra asciende a 295 millones de euros, mientras que a 9REN se le deben embolsar cerca de 45 millones.