España ha recibido múltiples reveses judiciales en su intento de frenar la ejecución de los llamados laudos de las renovables en suelo estadounidense. Los tribunales del país norteamericano han reconocido ya seis de las indemnizaciones millonarias que el Reino debe pagar a inversores extranjeros por haber cambiado a mitad de juego las reglas de apoyo a las energías limpias.
El último capítulo de esta larga saga se libra en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, donde el gobierno ha pedido que se revisen estas sentencias desfavorables. Entre las disputas más avanzadas está la referida al caso Infrared, que gestiona Blasket Renewable Investments. Dicha firma ha presentado un contundente escrito pidiendo al Tribunal Supremo que desestime la pretensión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de invocar la "inmunidad soberana" para frenar a los acreedores en su intento por obtener la compensación debida.
El documento de apelación, al que ha tenido acceso Libre Mercado, argumenta que el recurso presentado por España "no tiene base jurídica ni relevancia general", y argumenta que lo que intenta el gobierno español es "volver a discutir cuestiones que ya fueron resueltas por tribunales de Suiza y de Estados Unidos, así como en el propio arbitraje celebrado en el CIADI".
El escrito presentado recalca que "ningún tribunal estadounidense ha interpretado la ley de inmunidad de la manera en que hace España", señalando que "ni siquiera hay contradicción alguna entre diferentes jueces que justifique una revisión por parte del Supremo. Simplemente, España quiere evitar su responsabilidad de pago".
Asimismo, los abogados de la empresa afectada señalan que el segundo argumento de España, según el cual el arbitraje debía celebrarse solo entre partes que hubieran firmado directamente un acuerdo, "nunca fue planteado en instancias inferiores, por lo que no puede introducirlo ahora ante el Supremo". Asimismo, los tenedores de la deuda consideran que "aceptar la petición española podría dañar la reputación de Estados Unidos como garante del arbitraje internacional". Así, recuerdan que "Estados Unidos, recuerdan, ha sido uno de los países que más ha promovido el cumplimiento de laudos extranjeros en virtud del Convenio de Nueva York de 1958 y del Convenio del CIADI", los dos paraguas en torno a los que gira la ejecución de tales decisiones arbitrales y, potencialmente, el embargo de bienes de España como medida compensatoria en caso de que continúen los impagos.
El argumento estrella de España es que, según el TJUE, los arbitrajes entre inversores europeos y Estados de la UE no serían procedentes dentro del ordenamiento europeo, desde el entendimiento de que tales disputas deberían resolverse en tribunales nacionales. Sin embargo, fuera de Europa este argumento no está teniendo mucho recorrido, puesto que los tribunales de Australia, Estados Unidos y Gran Bretaña han fallado reiteradamente en contra de nuestro país, señalando que tal interpretación del derecho comunitario no invalida la aplicabilidad de tratados internacionales que España suscribió voluntariamente.
Por eso, los titulares de laudos por valor de casi 650 millones de euros han acudido a tribunales extranjeros para solicitar el embargo de activos del Estado español. Estas acciones tienen el fin de forzar el cobro de las indemnizaciones que el gobierno de Sánchez se ha venido negando a pagar. El Tribunal Supremo tiene ahora la palabra y deberá pronunciarse sobre tales avances de los acreedores, dejando en pie las sentencias ya emitidas por diversos magistrados o, en caso de que prevalezca la postura española, acotando la ejecución de los laudos.
Como ha explicado Libre Mercado, el Supremo quiere incluir en sus deliberaciones una opinión oficial del gobierno de Estados Unidos, de modo que ha solicitado directamente al Ejecutivo de Donald Trump que remita una nota posicionándose sobre esta cuestión y esclareciendo si, en efecto, la ejecución de los laudos afecta o no a la capacidad de España de seguir canalizando sus relaciones internacionales con socios como el país norteamericano. Las malas relaciones de Trump con el gobierno de Sánchez podrían, por tanto, entrar en juego. Con todo, la palabra última la tendrá el Supremo.