El problema de la ocupación ilegal (conocida como "okupación") sigue causando estragos y sufrimiento en cada vez más ciudadanos en España, a pesar de que el Gobierno de Pedro Sánchez (junto a sus socios) niega o minimiza esta cuestión. Hace unas semanas contamos cómo cada vez eran más los casos de okupaciones y que muchos ya ni se planteaban denunciar, sino que preferían buscar soluciones alternativas para recuperar sus viviendas ante la dejadez de la Administración Pública.
Pues bien, hoy exponemos un caso más de "inquiokupación" (un tema sobradamente tratado en este medio) donde una familia lleva tres años luchando por echar a unos okupas de su casa, debiéndoles estos más de 26.000 euros.
En una entrevista para el programa "Y Ahora Sonsoles" de Antena 3, la persona afectada ha estado explicando su caso, mostrando fortaleza aunque no niega que está siendo un proceso que "hay que vivirlo para conocerlo", dejando patente también que se siente abandonada por el Estado.
En cuanto a los hechos sucedidos, y tal y como se explica en El Mundo, Rosa (la afectada) firmó en el año 2021 un contrato de arrendamiento del chalé de su padre con una familia colombiana con cuatro hijos por un importe de 1.050 euros al mes, una cantidad que Rosa destinaba de forma íntegra al pago de la residencia de su padre, cuyo coste es de 1.200 euros al mes. Rosa explica que durante los dos primeros años los inquilinos cumplieron con los pagos, algo que se vio trastocado en 2023 y desde entonces no ha recibido ni un euro.
Los inquiokupas ya deben más de 26.500 euros
La situación se ha vuelto del todo insostenible, ya que la deuda que tienen los inquiokupas con Rosa es de más de 26.500 euros y esto pone en peligro la continuidad de su padre en la residencia, ya que este jubilado recibe una pensión mensual de 900 euros y ya existe una deuda con la residencia de 17.000 euros. Sin embargo, Rosa se muestra agradecida con el director del centro, ya que está siendo consciente de la situación y está permitiendo retrasar el pago de la cantidad adeudada.
Según se cuenta en el citado periódico, Rosa interpuso una demanda de desahucio por falta de pago, algo que culminó con una sentencia firme que ordenaba la recuperación de la vivienda. No obstante, dicha ejecución del lanzamiento se ha visto frustrada en varias ocasiones por cuestiones procesales, como problemas en las notificaciones a las personas afectadas. Es decir, por fallos de la propia justicia.
Los okupas hacen negocio con el chalé
Pero esto no es lo peor de todo, sino que parece ser que la familia a la que Rosa alquiló el chalé por 1.050 euros ha realquilado la vivienda por 2.500 euros mensuales a otra familia colombiana, que a su vez subarrienda las siete habitaciones del chalé. Es decir, habría hasta dos familias ganando dinero con esta vivienda menos sus verdaderos dueños, que ya acumulan una deuda que se acerca a los 30.000 euros. Los inquiokupas tampoco estarían pagando los suministros básicos y tendrían enganchada la luz de forma ilegal.
Con lo cual, mientras esta madre de familia alquiló el chalé a un precio razonable de 1.050 euros, sus inquiokupas se han aprovechado totalmente de la situación y están ganando dinero con el sufrimiento y desesperación de la familia de Rosa.
Son casos como este, y otros muchos que hemos tratado aquí, los que el Gobierno se empeña en negar que existen o en minimizar el impacto que tienen, dando a entender que son muy pocos casos sobre el total de viviendas que hay en España y que solo por eso tienen menos importancia. Sin embargo, la realidad es que es un problema que afecta cada vez a más gente y lo seguirá haciendo mientras desde la Administración Pública se promueva este fenómeno en lugar de ser erradicado.