La Real Academia Española la define como "Situación o argumentación en que se produce una contradicción". Jurídicamente tiene gran importancia porque el pacto/contrato de cualquier especie, que incluya una cláusula contradictoria, será motivo de conflicto para dirimir la voluntad contractual.
De aquí que se huya del peligro de contradicción, porque de ello se derivará también la eficacia de los pactos acordados. Pocas veces se repara, en cambio, en los efectos de la contradicción, entre lo que se supone debería ser y lo que realmente es. Con frecuencia, la misión de una persona o de una institución, enunciada o implícita por su propia denominación, puede constatarse, a posteriori, que su resultado contradice aquella misión.
Un caso palmario de cuanto digo, viene produciéndose, a mi entender, entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y su titular, ministra y vicepresidenta segunda. El primero, es el encargado de diseñar y ejecutar las políticas públicas en materia de empleo, relaciones laborales, trabajo autónomo, entre otras. En pocas palabras, su objetivo debe centrarse en aumentar la cantidad de trabajo en la economía nacional, así como velar por su calidad y seguridad.
Consecuentemente con lo anterior, la titular – o el titular en su caso – del mismo, con su función, asume la consecución del objetivo del propio órgano de la Administración que representa. Es, precisamente, la ministra en este caso, la encargada de que el empleo alcance las cotas más elevadas de la población capaz, que es tanto como decir que el desempleo/paro sea el mínimo y por el plazo más breve.
Si esto es así, a qué vienen las iniciativas legislativas, promovidas por la señora ministra-vicepresidenta, de reformas varias del mercado de trabajo, dirigidas en su práctica totalidad a disminuir el trabajo que debe realizarse.
Ya fracasó su famoso proyecto de reducción de jornada, pero esto no amilanó a la señora ministra. Lejos de asumir cautela en sus proyectos, para que el ministerio sea realmente, de "trabajo" y no de "paro", ha continuado por la misma senda, acompañándolas de complejidades administrativas que las dificultan.
Ahí se encuentra su proyecto de norma para regular el control horario, a fin de que sus registros sean obligatoriamente digitales, con acceso remoto a los mismos, y en tiempo real, a los representantes de los trabajadores y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Y, el último proyecto, al menos del que tenemos conocimiento, es ampliar el permiso por fallecimiento de un familiar, de dos a diez días; naturalmente, con cargo a la empresa. Si el fallecimiento de un familiar cercano no es tan importante como para que el trabajador sacrifique su salario uno, dos, o diez días (nueva propuesta), cómo se pretende justificar que los sacrifique la empresa asumiendo el mayor coste del trabajo. Una cosa es permiso, y otra, permiso retribuido.
¿Cómo ha recibido la vicepresidenta que, a fecha de agosto de 2025, los despidos laborales de contratos indefinidos hayan crecido un 140,50% – con un total de 632.096 empleos –, sobre los que se produjeron en el año 2021, tras la reforma laboral?
Quien tenga oídos para oír, que oiga.