Han pasado diecisiete meses desde que el BBVA anunciara su intención de lanzar una OPA sobre el Banco Sabadell. Diecisiete meses de idas y venidas, de filtraciones interesadas, de presiones políticas y de un Gobierno que, una vez más, ha confundido su papel de árbitro con el de jugador.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha puesto el punto final —al menos, provisional— a esta historia: la oferta del BBVA fracasa con apenas un 25,47% de aceptación. No llega ni al 30% del capital, muy lejos del 50% que habría permitido a la entidad de Carlos Torres tomar el control del Banco Sabadell. El resultado deja en nada un proceso que comenzó con ambición industrial y termina envuelto en un ruido político impropio de una economía avanzada.
La derrota ha sido reconocida con elegancia por el propio Torres Vila, que anuncia recompra de acciones, dividendo récord y una hoja de ruta clara hacia 2028. Pero más allá de los números, lo que queda en evidencia es el papel que ha jugado el Gobierno durante toda la operación: un papel de injerencia constante, de obstáculo político en un terreno que debería estar reservado al mercado y a los supervisores.
Desde el primer momento, el Ejecutivo cambió de criterio según soplaba el viento. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, rechazó la operación el mismo día que se presentó, desdiciendo la línea que había dejado entrever Félix Bolaños apenas unas jornadas antes. Y, por si fuera poco, el Gobierno decidió abrir una consulta pública para "tomar el pulso" a la ciudadanía. Una consulta en la que, literalmente, votaron Mickey Mouse, Spiderman y Milton Friedman. Más de 348.000 respuestas, de las cuales solo el 19% fueron válidas. De ellas, un 89% pedía que el Gobierno no interviniera. Pero intervino.
Las condiciones impuestas por el Ejecutivo no solo fueron duras; fueron disuasorias. Se condicionó cualquier fusión efectiva a un plazo mínimo de tres años, prorrogable otros dos, generando una inseguridad jurídica que acabó por desactivar el interés de muchos accionistas. Tanto, que el propio BBVA ha recurrido ante el Supremo esas condiciones, mientras la Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por vulnerar competencias del Banco Central Europeo y restringir la libertad de establecimiento y de capitales.
Hoy, los aplausos no vienen del parqué ni de los inversores. Llegan desde el Palau de la Generalitat, desde las filas separatistas y desde un Gobierno que confunde la soberanía económica con la intervención política. Y el resultado es el de siempre: España pierde credibilidad, pierde inversión y sube puestos en los rankings de inseguridad jurídica internacional.
En al modo en que han acogido los mercados el resultado de la operación, Lorenzo Bernaldo de Quirós ha explicado en Con ánimo de lucro por qué premian al perdedor de la OPA y castigan al ganador. Lo primero que hay que decir es que es un fenómeno habitual cuando se produce una OPA. En el caso del BBVA, al no tener que desembolsar el capital comprometido para la OPA, el mercado reconoce el capital disponible, amén de que ha anunciado nuevas recolocaciones de acciones y dividendos históricamente altos. Por otro lado, el Sabadell, al no recibir la inversión del BBVA, actualiza su valor de mercado. En cualquier caso son ajustes técnicos en el corto plazo que no alternan su devenir en el largo plazo.
El BBVA seguirá adelante, Banco Sabadell también. Pero el mensaje que queda en los mercados es claro: en España, una operación empresarial de primer nivel puede naufragar no por falta de capital ni de interés, sino por exceso de política. Y eso —eso sí— debería preocuparnos a todos.