Paso adelante de las propietarias de la central nuclear de Almaraz cuando quedan dos años para el cierre, según el calendario del Gobierno. Las tres empresas propietarias, Iberdrola (53%), Endesa (36%) y Naturgy (11%), según han confirmado fuentes de Iberdrola, trabajan ya en la petición formal de una prórroga para Almaraz.
En la reunión de la junta de administradores de Centrales Nucleares de Almaraz y Trillo (CNAT) "se han analizado las operaciones" de la central, que continúa operando "en el escenario de continuidad, manteniendo la instalación en perfectas condiciones técnicas, como ha reconocido recientemente WANO -la Asociación Mundial de Operadores Nucleares-, al otorgar el nivel de excelencia a la planta".
Respecto a la solicitud formal de continuidad, los socios de CNAT "trabajan en la gobernanza para lanzarla cuanto antes al Ministerio de Transición Ecológica, con carácter previo a la entrega de documentación al Consejo de Seguridad Nuclear".
Fuentes de la eléctrica han subrayado "su compromiso con la extensión de vida" de la central, recordando que así lo han hecho públicamente también Endesa y Naturgy, en múltiples foros. La fecha de apagado para Almaraz es el 1 de noviembre de 2027 para el reactor 1 y octubre de 2028 para el reactor 2.
En paralelo, las empresas tendrán que entregar antes de que finalice el mes al Consejo de Seguridad Nuclear parte de la documentación encaminada al cierre en cumplimiento de las fechas estipuladas por el organismo y de lo que recoge la orden ministerial de la última renovación para la central, que menciona las fechas en que la central tendrá que dejar de operar. Una prórroga requerirá necesariamente que el Gobierno la derogue.
El movimiento de las energéticas, que llega en medio del clamor de la zona por una prórroga y del anuncio de una bajada de impuestos de María Guardiola, supone volver a dejar la pelota en el tejado del Gobierno. El Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue sin hacer un gesto que indique un cambio de postura en su voluntad de cerrar las centrales nucleares. Una promesa recogida en su programa y en el pacto con Sumar pero que sin embargo podría quebrarse en el caso de las centrales catalanas.