Tras destrozar el mercado inmobiliario y el acceso a la vivienda, la izquierda sigue empeñada en empeorar aún más la situación. Hemos llegado a unos precios desorbitados debido a la reducción en la construcción de viviendas y la rebaja del parque de pisos en alquiler, todo ello a causa de la brutal inseguridad jurídica.
En este periodo el Gobierno y sus socios se han empeñado en proteger a los okupas, impedir la construcción de nuevas viviendas y negar a los propietarios la posibilidad de rentabilizar sus pisos en alquiler con garantías de recuperación del inmueble. Y siguen empeñados en ir más allá.
Un plan intervencionista
El nuevo plan: rebajar por ley un 40% el precio de todos los pisos en alquiler. Y, evidentemente, con esa medida el parque de viviendas en alquiler se quedaría literalmente sin pisos.
El plan procede de Podemos. E incluye los siguientes puntos:
"1. Rebajar la cuantía de todos los alquileres un 40% con respecto a los precios actuales por ley.
2. Prohibir la compra de vivienda para fines distintos a fijar la residencia del adquirente o sus familiares directos.
3. Modificar la duración legal de los contratos de arrendamiento de vivienda pasando de cinco o siete años a indefinidos.
4. La incorporación inmediata de las viviendas de alquiler de temporada y habitaciones a la regulación de la vivienda en la Ley de Arrendamientos Urbanos.
5. Ilegalizar y desarticular los comandos paramilitares y neonazis, mal llamadas empresas de desokupación, así como tipificar como delito de odio su actividad escuadrista y parapolicial violenta.
6. Impedir la subasta de vivienda con titularidad pública".
Al margen de los insultos contra empresas que están constituidas legalmente, el resto de medidas plantearían una reducción aún mayor de la actual del parque de viviendas en alquiler, disparando aún más y al instante los precios de los pisos que se alquilan.
El uso del artículo 47
Podemos insiste en considerar como un derecho el artículo 47 de la Constitución omitiendo que se trata de un apartado de los "principios rectores" de la política, no del catálogo de derechos de los españoles:
"El artículo 47 de la Constitución Española declara que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Es decir, que, por un lado, nuestra Constitución declara el derecho a la vivienda digna de todas las personas como un precepto constitucional, y, por otro, otorga a los poderes públicos la obligación de garantizar el cumplimiento de este derecho, así como el de evitar la especulación".
Acto seguido también olvida Podemos que la situación de la vivienda en estos momentos es fruto de las medidas de su política, propuestas, Gobierno o alianzas parlamentarias:
"A día de hoy es evidente que en España no se está cumpliendo con este mandato constitucional. Muy al contrario, España está sufriendo una situación de crisis y de emergencia habitacional que está poniendo en jaque el futuro de millones de personas en nuestro país, y que está provocando que cada vez sean más las familias de clase trabajadora que se ven incapaces de acceder a la compra de una vivienda a un precio razonable, así como al pago de un alquiler en condiciones aceptables que no les suponga destinar la mitad o más de sus ingresos totales al pago del mismo".
La carga contra las empresas de desokupación
Y termina por cargar contra las empresas de desokupación:
"La existencia legal en nuestro país de las mal denominadas «empresas de desokupación», en realidad grupos organizados con fines de lucro que se dedican a la coacción y extorsión violenta de personas en situación de vulnerabilidad, auténticos grupos paramilitares, escuadristas y fascistas, que emplean la violencia y el acoso para expulsar ilegalmente a familias que residen de manera legal en sus viviendas, no solo representa una grave anomalía democrática, injustificable en un Estado que se define constitucionalmente como «social y de derecho», sino que también constituye un ataque violento y legalmente tolerado contra el derecho constitucional a la vivienda. Además, es, ante todo, una amenaza a la seguridad y los derechos fundamentales de toda la ciudadanía".
Todo para lanzar un plan que aún dispararía más los precios de los pisos en alquiler. De lo que quedasen.