La presión internacional sobre el Reino de España por los impagos derivados de los recortes a las primas renovables continúa creciendo. De hecho, algunas de las empresas acreedoras han iniciado procedimientos ante los tribunales de Países Bajos para embargar los dividendos que percibe el Reino de España a través de la SEPI por su participación en Airbus (4,09 %). Este paquete equivale a unos 100 millones de euros anuales.
La ofensiva forma parte de una estrategia global para forzar a España a pagar más de 2.100 millones de euros en indemnizaciones reconocidas por tribunales internacionales. Esta cifra incluye 1.755 millones en compensaciones que siguen sin ser desembolsadas y abarca otros 397 millones adicionales en intereses y costes legales, tras 27 condenas firmes contra el Reino de España por incumplir el Tratado de la Carta de la Energía.
El pasado mes de mayo, un tribunal de La Haya dio inicialmente la razón a los acreedores en su intento de confiscar los dividendos de Airbus, pero la Abogacía del Estado logró anular el embargo de forma provisional. El proceso, en cualquier caso, sigue en el aire, puesto que la postura defendida por el Estado giraba en torno a alegar una supuesta separación entre Airbus y el gobierno de España, pero los acreedores han recurrido tal interpretación y acreditado que la SEPI es un holding totalmente dependiente del Estado español que, a su vez, tiene bajo su propiedad el 4,09% de la empresa aeronáutica.
Embargos en el extranjero
Mientras tanto, la ola de embargos en otros países se intensifica. En Reino Unido, ya se han intervenido activos como sedes del Instituto Cervantes y cuentas públicas. Y en Bélgica, Eurocontrol ha bloqueado pagos por 200 millones de euros a Enaire. Del mismo modo, el Tribunal Supremo de Australia dictó en agosto una sentencia histórica que ordena ejecutar cuatro laudos por 469 millones contra España.
Estados Unidos también ha reconocido varias sentencias, entre ellas los casos Cube (40,2 M€), Watkins (79,5 M€), Antin (125,1 M€), RREEF (74 M€), Infrared (35 M€) y NextEra (290,6 M€). España es ahora el país con más laudos sin pagar, al mismo nivel que Venezuela y por delante de Rusia, según el Índice de Cumplimiento de Laudos Arbitrales elaborado por Nikos Lavranos y presentado hace escasos días. Los acreedores recalcan que la negativa a pagar los laudos ha contribuido a hundir la inversión extranjera un 60 % en lo que va de año y ha deteriorado seriamente la reputación jurídica del país. La única excepción ha sido el caso JGC, que se resolvió mediante un acuerdo alcanzado el pasado mes de julio.
Los acreedores esperan que España repita este esquema de negociación para zanjar las 27 denuncias pendientes de pago, entre las que figuran empresas tan relevantes como las europeas E.ON y EDF, las japonesas Toyota, Mitsui e Itochu o la estadounidense NextEra, citada en párrafos anteriores. De no resolver los impagos, los embargos sobre activos estratégicos, como los dividendos de Airbus, pueden convertirse en un problema financiero y reputacional aún mayor para el Estado.