El último informe del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) vuelve a poner cifras al drama de la vivienda en España: un mercado tensionado no por el exceso de demanda, sino por la falta deliberada de oferta provocada por la maraña regulatoria, la voracidad fiscal y la inseguridad jurídica.
España vive un ciclo propio, desconectado del resto de Europa. Mientras en países como Alemania los precios inmobiliarios han caído, aquí siguen subiendo con fuerza. En 2024, la inversión inmobiliaria aumentó un 20% y el sector residencial captó el 35% de toda la inversión, más de 1.130 millones de euros. No es casualidad: el país se ha convertido en destino predilecto de capital extranjero —ya representa el 14,6% de las compras— y el ahorro acumulado de los hogares, con una deuda mínima del 43,9% del PIB (frente al 85% en 2010), impulsa aún más la demanda.
El problema no está en el comprador, sino en el corsé al que el Gobierno somete a la oferta. No hay suelo, las licencias se eternizan y la burocracia medioambiental retrasa durante años cualquier proyecto. A ello se suman controles de precios, cuotas obligatorias de vivienda social y una legislación laxa ante la ocupación ilegal que desincentiva la puesta en el mercado de vivienda vacía. Resultado: menos casas, precios más altos.
Y si alguien logra ahorrar para comprar, Hacienda se encarga del resto. Una vivienda de 300.000 euros exige entre 18.000 y 30.000 euros adicionales en impuestos (IVA o Transmisiones Patrimoniales) más el AJD, que añade otros 1.500 a 4.500 euros. España soporta una de las fiscalidades inmobiliarias más altas de Europa: un 30,3% de tipo efectivo sobre vivienda ocupada, frente al 9,7% de la OCDE, y un 44% sobre el alquiler, muy por encima del promedio europeo.
El diagnóstico del Observatorio es claro: sin liberalización del suelo, reducción drástica de trabas y rebaja fiscal, el acceso a la vivienda seguirá siendo un privilegio. La receta es la de siempre: más mercado, menos intervención. Pero el Gobierno insiste en políticas que distorsionan precios, desaniman la inversión y expulsan del mercado a los jóvenes y a la clase media. Mientras la regulación siga asfixiando la oferta, el sueño de la vivienda propia seguirá siendo, para muchos, solo eso: un sueño.