La crisis de vivienda en España sigue su curso y cada mes nos encontramos con noticias que nos indican un nuevo incremento en el precio de los alquileres en nuestro país, especialmente en las grandes ciudades. Ante este grave problema que afecta a una buena parte de la ciudadanía, el Gobierno de España sigue sin plantear ningún tipo de propuesta que pase por darle una verdadera solución a este problema social.
Para más inri, el presidente del Gobierno dijo la semana pasada que ha pedido en el Consejo Europeo que "desde Europa se articulen medidas legales para que podamos poner freno a la compra de vivienda para no uso residencial". Dicha tesis, la de que hay que prohibir la compra de toda aquella vivienda que no sea para vivir en ella, hace tiempo que es defendida por formaciones como Sumar o más recientemente por Gabriel Rufián en el programa de David Broncano en RTVE.
En Libre Mercado ya hemos mostrado en multitud de ocasiones la suficiente evidencia empírica que señala el fracaso de todas aquellas medidas que tienen como fundamento la fuerte intervención del Estado en el mercado, en este caso del mercado de la vivienda. No obstante, en este artículo vamos a mostrar cómo esta medida que ahora defiende incluso Pedro Sánchez ya tuvo efectos negativos en Países Bajos.
"Comprar para vivir" ya fracasó en Países Bajos
Este trabajo, elaborado por los economistas Marc Francke, Lianne Hans, Matthijs Korevaar y Sjoerd van Bekkum, explica que en el año 2022 se aprobó una ley que permitió a los municipios prohibir a los inversores comprar propiedades con fines de alquiler. Dicha prohibición provocó una reducción de las propiedades compradas por inversores, al tiempo que aumentó el número de compradores de primera vivienda. Según explican los autores "la eliminación de los inversores del mercado no tuvo ningún impacto significativo en los precios de la vivienda ni en la probabilidad de vender una propiedad".
Dicha política "provocó un aumento de los alquileres en los barrios afectados, lo que perjudicó la asequibilidad de la vivienda". Otro de los efectos que tuvo esta normativa es que expulsó especialmente a jóvenes y extranjeros de aquellos barrios donde se aplicó la ley, ya que los residentes de viviendas en propiedad de inversores tienden a encajar en estos perfiles. Como explican los autores, los residentes en viviendas que son propiedad de inversores tienen ingresos sustancialmente más bajos en comparación con los residentes de propiedades que compran para vivir. Con lo cual, vemos que esta medida afectó de forma negativa a jóvenes y a extranjeros.
También subieron los precios de los alquileres
En cuanto al precio de los alquileres, este trabajo demuestra que "la política infló significativamente los precios de los alquileres en Rotterdam, con un efecto estimado del 4%, en línea con una reducción de la oferta en viviendas de alquiler". Con lo cual, y a modo de resumen, tenemos que esta normativa no sólo no redujo el precio de los alquileres, sino que los aumentó al haber menos oferta de pisos en alquiler, no cayeron los precios de las viviendas y además perjudicó a los ciudadanos de rentas más bajas, esto es, los jóvenes y los extranjeros. Uno de los pocos objetivos que sí se consiguieron fue el de reducir las compras por parte de los inversores, aunque esto acabase desembocando en los efectos negativos que hemos mencionado.
En el siguiente gráfico podemos ver como, a partir de la aplicación de la medida en enero de 2022, se incrementaron los precios del alquiler en aquellos barrios donde se aplicaron las prohibiciones de compra a los inversores:
De esta forma, vemos la enésima prueba empírica del desastre que supone aplicar medidas intervencionistas al mercado de la vivienda, que no por mucho calificar este bien de "derecho" hace que se vuelva inmune a las leyes de la oferta y la demanda. Si existe un problema de escasez, lo que hay que hacer es que ese bien se vuelva abundante, y no crear leyes que sólo conseguirán encarecer aún más ese bien.