Si hay una cuestión que está provocando la indignación de muchos vecinos en toda España en los últimos meses del año, esa es la que tiene que ver con las nuevas subidas en las tasas de basura, también conocida como "basurazo". Dicho enfado por parte de la población no es para menos, pues la recogida de basuras se ha encarecido más de un 30% sólo entre septiembre del año 2024 y septiembre de 2025, algo que ya hemos contado en Libre Mercado.
Ante esta tesitura, algunas asociaciones como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado ante la Comisión Europea que la tasa de basuras no se estaría aplicando correctamente en los distintos ayuntamientos del país e insta al organismo europeo a que investigue si se está produciendo alguna irregularidad. Por otro lado, también han animado a los ciudadanos a impugnar las tasas de basuras si no están de acuerdo con ellas, teniendo un mes para recurrir.
Como ya conocerán muchos lectores, esta tasa de basuras responde a la aplicación de la directiva europea sobre residuos, donde cada país tuvo que transponer o adaptar dicha normativa a su legislación. Lo que denuncia la OCU es que esta directiva puede no haberse adaptado de forma correcta y pide a la Comisión Europea que "investigue la adaptación de la normativa en España y compruebe si se ha transpuesto correctamente la Directiva Europea 2018/851 en la normativa nacional."
¿Se está aplicando bien la directiva europea?
Tal y como explica la OCU en su comunicado, "la transposición de la norma europea a la legislación española se llevó a cabo mediante la aprobación de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular que establecía la obligación para los municipios de más de 5.000 habitantes de establecer una tasa de gestión de los residuos que reflejara el coste real de la gestión, respondiendo al principio recogido en la Directiva de "quien contamina, paga".
Sin embargo, lo que se denuncia desde el organismo es que hay ayuntamientos que están aplicando una tarifa fija a todos los contribuyentes, lo que aseguran que "no refleja el coste real del servicio ni se aplica el principio del que contamina paga." Entre los ayuntamientos que estarían aplicando una tarifa fija a todos los contribuyentes se encontrarían los siguientes: Badajoz, Ciudad Real, Guadalajara, Huelva, Huesca, Las Palmas de Gran Canaria, Lugo, Murcia, Orense, Oviedo, Palma de Mallorca, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Teruel y Zamora.
También se pone el caso del Ayuntamiento de Madrid, donde según ellos, la tasa se calcula "a partir de la combinación de diversos factores, como el valor catastral de la vivienda, la generación de residuos por barrios y la calidad de la separación de las basuras en cada distrito, lo que tampoco es justo y no responde al espíritu de la Ley."
Los ciudadanos pueden recurrir la tasa de basura
El organismo de consumidores ha recordado a los ciudadanos que pueden recurrir la tasa de basura si no están conformes con ella, teniendo un plazo de un mes desde la notificación de la liquidación. Para ello se debería interponer un recurso bien ante la propia Agencia Tributaria del Ayuntamiento o ante el Tribunal Económico-Administrativo municipal, adjuntando la copia de la liquidación y esgrimiendo los argumentos que justifiquen el recurso.
Hay que recordar que ya en Libre Mercado avisamos en el año 2023 que esta tasa podría llegar a ser más conflictiva a nivel de juzgados incluso que la plusvalía municipal, donde la Justicia acabó anulando la fórmula.
En resumidas cuentas, aunque aún queda por ver el recorrido que tendrá toda esta denuncia y la aplicación de la normativa en todos y cada uno de los ayuntamientos de España, la realidad es que los ciudadanos están cada vez más indignados con otra subida más de impuestos.