El informe titulado ¿Se alquila? (2) Racismo y segregación en el alquiler de vivienda ha sido elaborado por Provivienda, una organización que pretende que "todas las personas disfruten del derecho a la vivienda en igualdad de condiciones".
Este análisis, financiado con un total de 140.361,31 euros del Fondo Europeo Social Plus a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, explora cómo la discriminación afecta, supuestamente, a personas extranjeras en el mercado de alquiler en España.
Además, la entidad ha recibido en total 61.594.156,61 euros en ayudas públicas desde 2021, según datos del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, que provienen de fondos europeos y estatales.
El Fondo Europeo Social Plus (FSE+), con un presupuesto total de 142.700 millones de euros para el período 2021-2027, apoya proyectos "para mejorar la cohesión social y defender derechos humanos" y cofinanció esta iniciativa dentro de la línea de "Generación de conocimientos y buenas prácticas". La resolución que detalla estos datos fue firmada por Santiago Antonio Yerga Cobos, Director General de Gestión Migratoria . Libre Mercado ha tenido acceso al documento en exclusiva gracias a una solicitud de información pública amparado por la Ley de Transparencia.
Desglose de los gastos y datos adicionales
El coste total de 140.361,31 euros se distribuye en varias categorías: 103.025,55 euros cubrieron salarios y recursos humanos, 20.446,42 euros se destinaron a materiales de consumo, y 16.889,34 euros abarcaron costes indirectos junto con la auditoría. Sin embargo, no se dispone de cifras sobre el número de descargas del informe, lo que deja en el aire su alcance real. La presentación del estudio se realizó de forma virtual, evitando cualquier gasto adicional, y los participantes no recibieron remuneración por su intervención.
Hallazgos clave sobre discriminación en el alquiler
La primera conclusión del informe es acusar de "discriminación directa absoluta" a los caseros españoles: "En 2020 el 72,5% de las inmobiliarias aceptaban tal práctica por parte de las personas propietarias, en 2024 esta cifra ha aumentado al 99%. En la actualidad la resistencia a tal práctica es completamente residual"
Dichas discriminaciones son:
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Rechazar directamente alquilar a personas extranjeras aun cuando aceptan visitas.
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Exigir condiciones más estrictas a extranjeros, como contratos indefinidos, mayores garantías y documentación previa.
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Negar la disponibilidad del piso simulando que no está disponible solo para extranjeros, mientras se ofrece a nacionales.
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Ofrecer menos opciones alternativas de vivienda a extranjeros.
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Uso de seguros de impago como obstáculo para bloquear el acceso a extranjeros.
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Un trato menos amable o más exigente en las condiciones para extranjeros.
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Jerarquización en la selección de inquilinos basada en nacionalidad, color de piel o religión.
El estudio ignora que estos comportamientos también se aplican en muchas ocasiones a nacionales por la falta de seguridad jurídica que los caseros tras la aprobación del decreto que regula proteger a los inquilinos presuntamente vulnerables ante la imposibilidad de ser desahuciados en el caso de impago.
Esto sugiere un supuesto racismo arraigado, donde la mayoría de las agencias colaboran con propietarios que niegan acceso total a los que no son españoles. El estudio "encuentra un elemento diferenciador": "Se intenta negociar ante un perfil específico de extranjero, el que lleva el potencial de ‘inquilino’. Este tipo de perfil -asociado a países con
rentas altas, profesiones socialmente prestigiosas, altos niveles socioeconómicos".
Provivienda vuelve a pasar por alto el elemento más esencial, no son discriminados simplemente porque dan seguridad económica, independientemente de su nacionalidad, raza o religión.
Crítica al libre mercado y mayor intervención pública
El análisis ataca al ‘laissez-faire’ determinando que en un sistema dominado por el mercado privado de alquiler, con oferta reducida, "los grupos vulnerables siempre salen perdiendo". Esto implica, según Provivienda, que el libre mercado fomenta la discriminación racial, ya que permite a caseros e inmobiliarias priorizar perfiles "seguros" basados en estereotipos, en lugar de criterios neutrales.
El documento recomienda expandir programas de intermediación pública en la vivienda (como Bolsas de Alquiler), es decir, más burocracia, "para evitar la discriminación ya que la figura mediadora evita las malas praxis que se aceptan por parte de otro tipo de agentes privados".
Además, se pide: "Es fundamental aumentar la oferta de vivienda social y asequible, gestionada también por organizaciones privadas sin ánimo de lucro que puedan atender las necesidades específicas de estas personas". En otras palabras, se están recomendando a sí mismos para gestionar aún más VPO.
Un experto citado de la Universidad de Zaragoza propone incluso "identificar fronteras de gentrificación y comprar vivienda allí para colocar clases populares", lo que suena a una suerte de redistribución forzosa de la población, erosionando derechos de propiedad y favoreciendo a inmigrantes sobre nacionales.
El informe no menciona en ningún apartado la necesidad de que el sector privado impulse una mayor construcción de viviendas para compensar el déficit actual frente al crecimiento de los núcleos familiares, principalmente como consecuencia del gran número de inmigrantes que vienen a España, muchos de ellos como agrupación familiar de los que llegaron antes. Solo dan como soluciones: más intervención pública, más burocracia y más subvenciones, deslizando que ellos pueden hacer ese trabajo.
Tampoco propone medidas clave como:
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La simplificación administrativa para reducir los plazos de tramitación.
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La liberalización de suelo con el fin de aumentar la superficie edificable disponible.
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El fortalecimiento de la seguridad jurídica, de modo que los propietarios puedan desalojar con rapidez a inquilinos morosos y re-alquilar la propiedad sin dilaciones.
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La reducción o eliminación de impuestos vinculados al sector inmobiliario, con el objetivo de abaratar los precios y fomentar la oferta.
Desglose de los 61,6 millones de euros.
Provivienda ha acumulado 61.594.156,61 euros en subvenciones desde 2021, la mayoría de este dinero ha sido destinado a soluciones habitacionales para inmigrantes que incluyen desde ayudas para alquileres hasta la construcción de viviendas y están distribuidas entre las distintas capas estatales: 36.336.395,94 euros provinieron de la Administración General del Estado, 21.555.013,31 euros de Comunidades Autónomas, 3.021.174,59 euros de Ayuntamientos, 659.940,76 euros de Cabildos Insulares, 21.632,01 euros de Diputaciones.
Por ministerios, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aportó 22.280.943,03 euros, seguido por el de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con 13.877.307,39 euros, y otros con cantidades menores como el de Transición Ecológica (154.497,65 euros). Entre las autonomías, Canarias lideró con 11.473.143,12 euros, seguida por Madrid (3.520.433,62 euros) y Andalucía (3.349.651,58 euros). Además, la organización obtuvo cinco avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un valor total de 5.018.922 euros, reforzando su capacidad financiera.