Mientras Mónica García y su número dos, Javier Padilla, aceleran su cruzada regulatoria contra el tabaco y los productos de nicotina, Europa empieza a ponerles freno. Esta semana ha trascendido que dos gobiernos europeos anuncian una posición diametralmente opuesta a la que ha venido exhibiendo el Ministerio de Sanidad español bajo el liderazgo de la política de Sumar.
Así, en los últimos días se ha conocido que Portugal y Suecia, cuyos modelos de salud pública son ampliamente respetados en la UE sobre todo en el campo de la regulación del tabaco, han marcado líneas rojas que contrastan con las restricciones arbitrarias y punitivas que ha venido alumbrando Padilla, secretario de Estado de Sanidad que de hecho se encuentra en el punto de mira por un lamentable texto sobre la "autoexploración mamaria".
Hasta ahora, España ha defendido la necesidad de endurecer el tratamiento fiscal de los productos que sirven como alternativa menos dañina para los fumadores del tabaco convencional, caso de los cigarrillos electrónicos, las bolsas de nicotina o los dispositivos de tabaco calentado. Sin embargo, el gobierno portugués ha sido claro respecto a la perspectiva de una posible reforma de la Directiva del Tabaco que pueda incorporar tales postulados.
"Portugal no aceptará equiparar fiscalmente productos de riesgo reducido con el cigarrillo tradicional ni ceder la recaudación nacional a Bruselas", señaló en un documento oficial el gobierno del primer ministro luso, Luis Montenegro. En dicho comunicado, el Ejecutivo de nuestro país vecino defiende que si un producto es menos nocivo y la política pública busca reducir el daño producido por el tabaco convencional, entonces resulta procedente aplicar un tratamiento fiscal distinto, en línea con una política sanitaria basada en evidencia.
Eso es exactamente lo contrario a lo que intenta imponer España. Así, mientras Portugal alerta de las consecuencias en términos de regreso al cigarrillo convencional y de otros riesgos, como un mayor contrabando o unos menores ingresos fiscales, la documentación que ha venido presentando el gobierno España insiste en medidas que fomentan el mercado negro, empobrecen la base tributaria y, peor aún, castigan el desarrollo de productos que reducen el daño sobre los fumadores. Una vez más, la ideología por encima de la evidencia.
Suecia, por el mismo camino
Por su parte, el gobierno de Suecia ha pedido públicamente a España que abandone la apuesta de Mónica García y su número dos por un prohibicionismo cerril. El país escandinavo apela por la adopción de una regulación basada en datos y, por este motivo, su embajador en España se ha manifestado con claridad meridiana en contra de los planes de Sanidad y a favor de "una regulación equilibrada que proteja la salud sin destruir las alternativas que ayudan a dejar de fumar".
¿Por qué es importante escuchar a Suecia en esta cuestión? Por el simple hecho de que se trata del único "país libre de humos" en Europa, habiendo reduciendo la prevalencia del tabaco convencional por debajo del 5% (es decir, entre cuatro y cinco veces menos que España). Dicho éxito se ha alcanzado con un enfoque regulatorio y fiscal basado en facilitar las alternativas de reducción de daño como puerta de salida para quienes desean abandonar el tabaco convencional y no logran hacerlo por completo.
Los planes que ha diseñado Padilla chocan contra la exitosa apuesta por las bolsitas de nicotina que han ayudado a Suecia a reducir el tabaquismo a partir de esta fórmula de reducción de daño. Si triunfan los planes del número dos de Sanidad, España reducirá estos productos a 0,99 mg, una cifra tan ridícula que las inutiliza. En Suecia, Alemania, Dinamarca o Austria, los envases son de hasta 20 mg, de modo que España persigue en la práctica una "prohibición encubierta".
Nada ejemplifica mejor el problema de la mala regulación como la figura de Javier Padilla, el gran ideólogo de esta ofensiva regulatoria. El secretario de Estado se ha convertido en una suerte de comisario moral que ignora la evidencia disponible y, además, propone el tipo de regulación que desoye el principio de reconocimiento mutuo europeo, ignora las advertencias de la CNMC sobre la falta de evidencia empírica que respalde sus planes regulatorios y presume de acelerar la tramitación de leyes sobre las que no existe consenso técnico, sanitario, sociopolítico ni estratégico. Padilla representa, pues, lo contrario que los gobiernos de Portugal y Suecia: el abandono de la ciencia y la imposición de una cruzada ideológica carente de racionalidad.
Portugal y Suecia no están solas. Italia, Rumanía, Chequia, Hungría, Finlandia o Alemania ya han cuestionado públicamente las decisiones de García y Padilla. De hecho, Bruselas estudia objeciones a los borradores que España ha circulado entre los demás socios comunitarios. Hasta en el propio gobierno socialista se informa de una incomodidad creciente con la titular de Sanidad y su número dos, al hilo del rechazo que están despertando sus planes.