En una pregunta parlamentaria de Sumar, firmada por los diputados Félix Alonso, Engracia Rivera, Juan Antonio Valero, Nahuel González, Francisco Sierra y Enrique Santiago (secretario general del Partido Comunista), se ha trasladado al Gobierno, del que forman parte, una serie de preguntas relacionadas con la expropiación de viviendas, la ilegalización de empresas como Desokupa que se dedican a recuperar viviendas okupadas, etc.
La primera pregunta que realiza al Gobierno es la siguiente:
"A la vista de información y antecedentes sobre estos grupos (empresas de desalojo de okupas) que tiene el Gobierno ¿Cuándo va a estudiar e iniciar los procedimientos legales necesarios para proceder a la ilegalización de grupos violentos como ‘Desokupa’ o ‘APD Security Iberia’?"
Para Sumar la prioridad son los okupas
Ya en su primera pregunta vemos cómo el interés de la formación política de Yolanda Díaz no es que los propietarios que están sufriendo un proceso de okupación puedan recuperar sus viviendas, sino que aquellas empresas que, dentro de la legalidad, les ayudan a conseguirlo, sean ilegalizadas, acusadas por Sumar de ser "grupos violentos".
En la segunda pregunta se traslada lo siguiente al Gobierno:
"¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para prohibir los desahucios extrajudiciales, o en su defecto regular o prohibir las ‘empresas’, grupos o entidades que se lucran tomando parte en dicha actividad? ¿Cuándo va a tomar esas medidas?"
Como podemos ver, el partido situado a la izquierda del PSOE insiste en pedir la ilegalización de las empresas antiokupas y también la prohibición de lo que llaman "desahucios extrajudiciales", que, como ya hemos dicho, son procedimientos que se realizan bajo el amparo de la ley y que lo que se consigue es devolver la vivienda a sus legítimos propietarios, aunque desde Sumar se busca dar la vuelta a la realidad con un lenguaje tramposo y tendencioso.
También señalan a la Policía
La tercera pregunta se centra en acusar a la Policía de connivencia con estos grupos:
"¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para acabar con la actitud permisiva si no colaboradora y aparentemente coordinada en tantas ocasiones previas, entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las organizaciones violentas dedicadas al desalojo de personas?"
Este tipo de preguntas podrían sorprendernos si no fuera porque desde grupos políticos como Sumar, y también desde Podemos, se tiene una especie de fobia o rechazo hacia la autoridad policial.
Por último, es en la última cuestión donde el partido dirigido por Yolanda Díaz incita al Gobierno a expropiar las viviendas "amenazadas con desahucios" y darlas en régimen de alquiler social por un precio que no supere el 30% de los ingresos del hogar. Esto se dice en la cuarta pregunta:
Prohibir desahucios y expropiar vivienda
"¿Cuándo y qué medidas va a aprobar el Gobierno para erradicar los desahucios? ¿Contemplará el Gobierno incorporar la vivienda amenazada con desahucio al parque público de viviendas en régimen de alquiler garantizando que la renta no supera el 30% de los ingresos del hogar, o en casos de vulnerabilidad garantizando una renta mínima o una moratoria?"
Es decir, en esta última cuestión que le plantea Sumar al PSOE se buscan dos cosas: 1) Acabar con los desahucios, dando así rienda suelta a las ocupaciones ilegales de vivienda. Y 2) Expropiar todas aquellas viviendas "amenazadas con desahucio" y, a continuación, darlas en alquiler social por un precio que no supere el 30% de los ingresos de dicho hogar.
Si estas medidas llegaran a tener el apoyo del PSOE y salieran adelante, tendríamos que el problema de la vivienda no tendría ningún tipo de solución en España pues el Gobierno habría abolido el derecho a la propiedad y los okupas podrían campar a sus anchas por donde quisieran.