Este viernes, hemos sabido que España ha superado los 3,1 millones de extranjeros afiliados a la Seguridad Social. Es una cifra muy llamativa, tanto en términos absolutos como relativos: supone una subida de un millón respecto a los 2,1 millones que había registrados en septiembre de 2019 (y ahí no se incluyen los cientos de miles de extranjeros de origen con doble nacionalidad que computan, estadísticamente, como españoles).
El Gobierno lo ha celebrado con mucho alboroto. Es una prueba más, en su opinión, de la potencia de la economía española, que sigue atrayendo trabajadores del exterior en busca de oportunidades. Además, nos dicen, este fenómeno está ayudando a equilibrar algo las cuentas de la Seguridad Social justo cuando más se necesita, al comienzo de la jubilación de la generación del baby-boom. [Recuerden: en España ese fenómeno comienza a finales de los años 50, por lo que aquellos niños están empezando a ser pensionistas justo ahora; 1958+67 = 2025].
En la nota de prensa que el Ministerio de Seguridad Social emitía con los datos de octubre, Elma Saiz resumió los aspectos positivos de este fenómeno: "El informe del CES nos recordaba esta semana que España necesitará 2,4 millones de empleos en la próxima década para mantener su nivel productivo. Los trabajadores de otros países serán decisivos para responder a ese reto y garantizar un futuro de prosperidad compartida, cohesión y justicia social".
El argumento definitivo es aquel que nos explica que los extranjeros sólo reciben el 1% del gasto en pensiones, pero aportan el 10% del total de las cotizaciones. Parece un negocio redondo. Es verdad que en el futuro eso cambiará (esto deberían asumirlo incluso los más fervientes defensores de este fenómeno), porque los ahora cotizantes serán jubilados dentro de 30-40 años y querrán cobrar su prestación. Pero (y ahí tienen un buen argumento) en ese momento la presión sobre el sistema será menor, por lo que es ahora cuando más necesario es equilibrar las cuentas. En 2060-70, (1) ya veremos cómo es este país y la situación de sus cuentas públicas; (2) como las cohortes de nuevos jubilados serán más pequeñas, habrá más margen en el Presupuesto.
¿Algo que vaya en contra de la tesis oficial? Bueno, ahora que Rufián nos ha dado permiso a todos, desde la tribuna del Congreso, para hablar de inmigración, al menos deberíamos matizar el entusiasmo. No para demonizar a los extranjeros ni para hacerlos responsables de nuestros males (la economía española lleva estancada desde hace 25 años y eso no es culpa de un venezolano que llegó ayer a Barajas). Pero sí para contextualizar el fenómeno, también desde un punto de vista financiero y fiscal.
Las cifras
Lo primero, es verdad que los cotizantes extranjeros aportan el 10% de las cotizaciones. Pero también suman el 14% de los cotizantes: es decir, su sueldo medio es inferior al de los españoles. Esto es algo que ya sabíamos. Según el INE, los españoles cobran de media 2.358 euros (sueldo medio del empleo principal), por 2.040 de aquellos que tienen dos nacionalidades (española y otra) y 1.846 euros los extranjeros.
¿Por qué esto es tan importante? Pues en buena parte porque en todas las cuentas que hacemos a futuro, hablamos del "número total de trabajadores" y proyectamos cifras absolutas de ingresos y gasto público, que varían en función del crecimiento del PIB y la productividad. El problema es que con el mismo número de trabajadores, la recaudación puede variar mucho según cómo sean cada uno de esos empleados. ¿Son los nuevos integrantes del mercado laboral similares, en formación y productividad, que los que salen del mismo vía jubilación? No está claro. En las proyecciones de casi todos los organismos se parte del supuesto del trabajador medio: cada nuevo cotizante entra en la media de lo que aportaban los anteriores. Como supuesto básico, parece tirando a optimista.
Lo decimos porque toda la discusión se centra siempre sólo en el número de trabajadores, pero la aportación de cada uno de ellos es clave. Si logras los crecimientos de población más optimistas (por ejemplo, los que planteaba José Luis Escrivá en su etapa al frente del Ministerio), pero luego las cotizaciones de esos recién llegados no son tan elevadas como anticipabas, las previsiones de gastos e ingresos no te van a cuadrar.
Por otro lado, debemos interiorizar algo que a estas alturas parece cada día más claro: la Seguridad Social no es un ente independiente, sino un organismo más del Estado. Y su supervivencia depende de las aportaciones del Estado, vía transferencias directas o vía préstamos. Por eso, tiene poco sentido mirar sólo esa relación de pensionistas-cotizantes (recuerden 1-10) de la que hablábamos antes. Lo relevante a efectos de las cuentas públicas y la sostenibilidad fiscal es el saldo neto. Se puede contabilizar de dos formas: (1) gasto total actual vs ingreso total actual del inmigrante medio; o (2) gasto a lo largo de la vida del inmigrante medio vs ingreso a lo largo de la vida.
El segundo punto es complicado que salga positivo por una pura cuestión de diseño del gasto público. El modelo de Estado del Bienestar que nos hemos dado en Europa implica que los que más tienen pagan más; y los que menos tienen reciben más. Parece difícil que, con este esquema, un colectivo que entra en la banda baja de la distribución de rentas, sea contribuyente neto positivo a lo largo de su vida. [En realidad no es que sea difícil, es que no es cierto: en los países en los que se ha estudiado esto a fondo, como Dinamarca u Holanda, las cifras reales apuntan en la dirección contraria; el saldo fiscal del inmigrante medio, especialmente de los de baja cualificación, es muy deficitario].
Pero incluso si miramos el momento actual, el saldo total de los inmigrantes va a estar lejos del famoso 1-10. En primer lugar, porque sí, en la foto fija de la Seguridad Social a día de hoy es positivo, pero a futuro no tanto (están generando derechos desde ya). Pero, sobre todo, porque en los demás servicios públicos es lógico pensar que los inmigrantes serán receptores netos. Y por mucho. Aquí la cuenta variará mucho en función de numerosas variables: si es soltero y joven (mejor, a efectos fiscales); la edad (de 25 a 45 es lo ideal en términos contributivos); formación (mejor cuanto más alta); empleabilidad (si conoce el idioma, tiene experiencia laboral…)
Los ejemplos
Si cogemos el estudio holandés que citábamos antes y vamos a los extremos, lo que nos dice es que el inmigrante ideal es un japonés-japonesa de 25 años que se echó novio/a español/a mientras hacía un MBA y va a comenzar su carrera laboral en el sector financiero en España. ¿Consumo de servicios públicos? Tirando a cero. ¿Aportación vía impuestos? Muy importante.
Enfrente, el inmigrante de peor saldo fiscal es alguien de mediana edad que llega de un país del Tercer Mundo, no habla el idioma, tiene pocas opciones de encontrar un empleo y del que dependen 4-5 familiares que viven con él. Y en medio de los dos extremos, cientos de opciones.
¿Qué tipo de inmigrante estamos atrayendo hasta ahora y cuál será la composición del mercado laboral español en 2040? Pues depende de cómo lo miremos. Por un lado, España atrae colectivos (clases medias latinoamericanas, sobre todo colombianas, venezolanas, argentinas) muy interesantes desde el punto de vista fiscal: formados, con conocimiento del idioma, que recurren poco a los servicios públicos… Por otro, el inmigrante medio tiene menos formación que el trabajador medio español. Eso se nota en la tasa de paro: 9,49% para los españoles; 11,64% para los extranjeros de la UE; por encima del 16,5% para extranjeros de fuera de la UE. Y también en tasa de actividad, salvo entre los jóvenes, suelen tener peores cifras los extranjeros a igualdad de condiciones (formación, edad, etc…)
Sólo como botón de muestra. En esos datos de afiliación de octubre con los que iniciábamos este artículo, los países con más nacionales dados de alta en la Seguridad Social son: Marruecos (365.089), Rumanía (340.449), Colombia (251.084), Italia (211.556) y Venezuela (209.714).