"Estoy a punto de terminar. A primeros de marzo se termina mi mandato" informó el pasado martes la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, en la Comisión del Pacto de Toledo.
Tras la polémica del INE, donde recientemente Nadia Calviño ha reconocido su intermediación en el PIB en una época que acabó con la salida del presidente de esta institución, y después de poner a José Luis Escrivá al frente del Banco de España, llama la atención que la AIReF sea el único organismo público que osa criticar abiertamente al Gobierno actualmente. Sin embargo, en unos pocos meses su presidencia está a punto de renovarse.
Como su propia presidenta recordó, con la de esta semana, es la segunda vez que Herrero comparece en el Pacto de Toledo desde que iniciara su mandato en 2020. Desde su primera comparecencia, ese mismo año, el Gobierno ha aprobado reformas sustanciales en materia de pensiones. La más importante fue la reforma que introdujo el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en el año 2023.
La reforma de Escrivá
Cabe recordar que la base de la reforma de Escrivá está en subir impuestos sin reducir ni un euro del gasto del sistema. Entre los diferentes golpes fiscales a la economía productiva para pagar las pensiones que el Gobierno ha ido introduciendo, se encuentra el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que sube las cotizaciones cada vez más cada año a los más de 21 millones de trabajadores y empresas del país. También está la "cuota de solidaridad", que supone gravar parte del sueldo no sujeta ahora mismo a cotizaciones (porque supera la base máxima) y, además, otro palo a los salarios altos consiste en subir cada vez más las bases de cotización.
Desde entonces, la AIReF ha emitido diferentes opiniones sobre la sostenibilidad, contributividad y suficiencia del sistema. También, ha abordado la "cláusula de cierre" de las pensiones, que requería un informe de esta institución y, en teoría, podía poner en un aprieto al Gobierno de Pedro Sánchez ante Bruselas.
El Gobierno no convencía a Bruselas
La razón del encargo a la AIReF es que las cuentas del Gobierno no convencían a Bruselas, por lo que el Ejecutivo se vio obligado a incluir una "cláusula de cierre" que la AIReF tendría el poder de activar "a partir de marzo de 2025, con una periodicidad trianual".
Para ello, se estableció una regla de gasto que consiste en que, entre 2022-2050, el gasto en pensiones neto y promedio no puede pasar del 13,3% del PIB en España. La norma establece umbrales del 15% de PIB en el gasto y del 1,7% en ingresos (la diferencia es el 13,3%). "En el lado del gasto, AIReF coge el gasto en pensiones del último Informe de Envejecimiento de la Comisión Europea, por lo que tiene poco que hacer. En el lado de los ingresos, la AIReF sí tiene que hacer una valoración, pero usando los supuestos del Informe de Envejecimiento" explicó Cristina Herrero.
Por último, "hay una cláusula de cierre que hace que, si no se cumplen esos objetivos, el Gobierno tenga que presentar medidas de gasto y de ingresos, que la AIReF ya sí puede evaluar. Después, el Gobierno tendría que mandar sus propuestas a esta Comisión y tendría que dar lugar a un proyecto de ley que se manda al Parlamento. Si no se alcanza el acuerdo, habrá una subida automática de las cotizaciones" recapituló Herrero. Esta subida de cotizaciones podría interpretarse como un fracaso de la reforma de Escrivá.
El examinado, contra el examinador
Pero en 2025, cuando tocaba la primera evaluación, el Ejecutivo decidió entorpecer el examen de la AIReF, como ya publicamos en Libre Mercado. Dicho de otra forma, el examinado era el que le daba las instrucciones al examinador para llevar a cabo el análisis, lo que resultó muy polémico.
"Por real decreto, el Gobierno nos dijo que las transferencias (del Estado) tenían que contar como ingresos del sistema público de pensiones, y no solo las cotizaciones. También, nos dijeron que no solo teníamos que evaluar las medidas de ingresos con impacto directo al sistema, por lo que también teníamos que valorar medidas de reforma laboral que pueden, de manera indirecta, suponer un aumento de las cotizaciones. Por el lado del gasto, constataban que el Informe de Envejecimiento queda retrasado en el tiempo y que había que actualizar el dato. Nos tenía que pasar el Ministerio de Seguridad Social una nueva serie..." recapituló Herrero.
Hartazgo de la AIReF
En el mes de marzo, la AIReF hizo esta evaluación con las nuevas reglas del Gobierno y a esta institución no le quedó más remedio que darle un aprobado raspado al Gobierno (no obligó al Ejecutivo a tomar medidas, pero emitió muchas críticas). Por ejemplo, "en nuestra opinión, no deberían haberse incluido las transferencias" señaló Herrero el martes. Este detalle "es una de las cosas más controvertidas" añadió.
Cristina Herrero siguió cargando contra otros aspectos del examen manipulado del Gobierno "si lo que pretendemos es evaluar la sostenibilidad del sistema de pensiones, no nos gusta". Para la experta, el gasto en pensiones también está infraestimado. También, vaticinó que "va a ser necesaria una necesidad creciente" de las transferencias del Estado al sistema y criticó la confianza puesta en el Informe de Envejecimiento de Bruselas, "que no son más que supuestos e hipótesis que se pactan entre los diferentes estados".
"Nos dicen lo que tenemos que hacer"
Todo ello, según denunció Herrero, "merma la capacidad de supervisión independiente de la AIReF. Nos dicen lo que tenemos que hacer. Tenemos que coger los gastos sin poder decir nada, los ingresos los tenemos que evaluar, pero con la metodología de la Comisión, y esta merma ya se ve agravada por la reforma" del Gobierno de Sánchez. "Para eso, perdónenme, no hace falta la AIReF. Lo puede hacer el propio Gobierno o la Comisión Europea" sentenció.
Cristina Herrero insistió en que, a pesar del resultado del informe, "la visión de la AIReF sobre el sistema de pensiones no ha mejorado respecto al diagnóstico de 2023, año en el que habría sido necesario adoptar medidas según la regla de gasto" de pensiones. "De hecho, es peor" añadió. En definitiva, "su cómputo presenta debilidades metodológicas y problemas de inconsistencia temporal" añadió.
Y la intromisión del Gobierno en el examen de la AIReF no acaba aquí. El pasado mes de julio, también por real decreto, el Gobierno incluyó una modificación "para que la AIReF prepare un informe adicional antes del 1 de junio de 2026 para tener en cuenta los grandes shocks en los datos definitivos macroeconómicos de los últimos años y disponer de suficientes datos para evaluar las reformas económicas. En este sentido, conviene señalar las importantes revisiones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística sobre los datos del PIB para los años 2022 y 2023, revisiones que han sido generalizadas en los países de nuestro entorno y recogidas por EUROSTAT" incluyó el BOE.
La paciencia de esta institución ha llegado a su límite, y Herrero se niega a volver a hacer una evaluación al año que viene en los términos que plantea el Gobierno. Por tanto, "es difícil acomodar este encargo en el ámbito de un supervisor fiscal, al que financian todas las Administraciones Públicas a través de una tasa que pagan" señaló. Así, Herrero aprecia una "utilización privativa de nuestros recursos" por parte del Gobierno y exige "libertad para decidir el calendario de emisión de esa evaluación y la metodología". Por lo tanto, "si es el encargo de una evaluación, la AIReF informará de cuándo puede hacerlo y cuál es la metodología" sentenció.