Un nuevo Índice de Burocracia, desarrollado por la Fundación Internacional para la Libertad (FIL) que preside Álvaro Vargas Llosa y enmarcado en un proyecto impulsado junto al Adam Smith Center de la Florida International University (FIU), revela importantes diferencias entre comunidades autónomas en los tiempos y cargas administrativas que soportan las microempresas españolas. El estudio compara el comportamiento real de cinco territorios representativos: Madrid, Cataluña, Andalucía, País Vasco y Comunidad Valenciana.
La investigación se ha elaborado mediante la reconstrucción detallada de los trámites que debe realizar una empresa tipo en cuatro actividades altamente representativas del tejido económico: fabricación de muebles, albañilería y trabajos de acabado, bar/café y agencia inmobiliaria. Para cada una de ellas, gestorías locales recopilaron tiempos reales en horas y jornadas tanto en apertura como en funcionamiento, incluyendo preparación documental, presentación, subsanaciones y períodos de espera. Los resultados fueron ponderados según el peso económico de cada actividad en cada región, con validaciones cruzadas en empresas reales y normativa oficial.
El estudio clasifica los trámites en varios bloques —identificación e inscripción inicial, permisos autonómicos, solicitudes a ayuntamientos, servicios básicos y requisitos específicos por actividad—. Este último grupo muestra las mayores diferencias territoriales: por ejemplo, Cataluña acumula hasta quince trámites específicos en la actividad bar/café, frente a los cinco identificados en Madrid o los siete en Valencia. Esta dispersión normativa explica parte de la brecha entre comunidades y refleja la fragmentación regulatoria que sufren los pequeños negocios.
Los resultados
Los resultados en apertura muestran una distancia clara. Madrid completa el proceso en 29,1 días, un 16,9 por ciento menos que la media nacional, de 35 días. Cataluña sube hasta 38,7 días, un 10,4 por ciento por encima del promedio, mientras que Valencia alcanza 37,4 días, con una diferencia positiva del 6,8 por ciento. En trámites autonómicos la divergencia es aún mayor: Madrid tarda 11,2 días, un 18,2 por ciento menos que el estándar nacional, y Cataluña llega a 16,1 días, un 17,5 por ciento por encima del promedio. Andalucía y País Vasco quedan en posiciones intermedias.
En funcionamiento, las diferencias se mantienen. La media nacional asciende a casi 53 jornadas laborales al año dedicadas exclusivamente a trámites. Madrid logra situarse por debajo, con 49 jornadas, lo que supone un 6,9 por ciento menos que el promedio. Cataluña se sitúa un 2 por ciento por encima y la Generalidad Valenciana alcanza 55,2 jornadas, un 5,1 por ciento más. El estudio subraya que el 80 por ciento del tiempo total depende de organismos estatales, especialmente de las obligaciones fiscales y contables, que por sí solas consumen alrededor de 22 jornadas laborales al año.
El índice también ofrece una estimación del coste de oportunidad en términos de productividad. Tomando como referencia la productividad media por hora en España (40,9 euros según datos de Banco Mundial y OCDE), el tiempo que empresas y autónomos pierden en gestiones administrativas equivale a unos 60.000 millones de euros al año. No es únicamente un cálculo abstracto: cada jornada invertida en cumplir trámites es una jornada que no se dedica a producir, innovar, captar clientes o expandir el negocio. El peso burocrático actúa así como un impuesto invisible que erosiona la competitividad y reduce el margen de crecimiento del tejido empresarial, especialmente de las microempresas, que carecen de departamentos específicos para absorber estas tareas.
Testimonios recogidos
Los testimonios recogidos ilustran bien esta carga: empresarios que denuncian meses de espera para licencias municipales, gestorías que relatan plantillas y procedimientos que cambian cada año, y profesionales que identifican estructuras administrativas excesivamente jerárquicas que ralentizan cualquier gestión. En contraste, varios entrevistados que operan en Madrid subrayan que los trámites no se convierten en un obstáculo estructural y que las licencias de otras comunidades pueden utilizarse sin duplicar procesos.
El estudio insiste en que la burocracia no solo consume tiempo: consume salarios. Cada día que un trabajador, un gerente o incluso el propio empresario dedica a rellenar formularios, corregir subsanaciones o navegar entre plataformas públicas es un día en el que la empresa está pagando un coste laboral sin recibir producción a cambio. En el caso de negocios pequeños, esto significa que la persona encargada de generar actividad económica está inmovilizada en tareas improductivas que ni mejoran el servicio ni aumentan las ventas. La burocracia tiene, por tanto, un coste directo para la empresa y un coste indirecto para la economía, porque las horas laborales que podrían destinarse a crear valor terminan atrapadas en procedimientos repetitivos o duplicados.
El informe concluye que Madrid puede servir como modelo para el resto del país gracias a prácticas como el reconocimiento automático de licencias externas y la existencia de un canal permanente para identificar y eliminar trabas. Entre las recomendaciones finales se plantea armonizar procedimientos, asegurar plazos administrativos y abordar de manera prioritaria la simplificación de la administración tributaria, que aparece como el principal cuello de botella para la competitividad empresarial.