España tiene un problema con sus cuentas públicas. No hablamos de este año ni del que viene. Ni de Sánchez o Feijóo. Va más allá. Va de un déficit enquistado: las administraciones públicas no presentan superávit desde antes de la crisis de 2007-08; y salvo un par de ejercicios, ha estado por encima del 3% del PIB que se supone que es nuestro compromiso. Además, la deuda pública sigue por encima del 100% del PIB (103,2% en septiembre).
Es verdad que la inflación y el crecimiento (en términos absolutos, mucho menor si lo miramos per cápita) de los últimos años han ayudado en los dos indicadores (deuda y déficit). No es lo menos que el proceso de envejecimiento se acelerará en los próximos años y eso tensionará todavía más nuestra capacidad para equilibrar el presupuesto.
Ahí, nos dicen, es donde llega la carta de la inmigración. Los recién llegados (y son muchos: el saldo migratorio neto fue de 642.296 personas en 2023), asegura la versión oficial, ayudarán a mantener el Estado del Bienestar. ¿Cómo? Pagando más impuestos de lo que reciben en servicios públicos. Y sustituyendo a los españoles que se jubilan (un cotizante que se va, un cotizante que llega).
El problema es que no es tan sencillo. Esta semana, Funcas publicaba el número de noviembre de su Cuadernos de Información Económica. En el mismo, se incluye un artículo titulado "Dinámica de los ingresos públicos: viento en popa con incertidumbres por el envejecimiento", y firmado por Desiderio Romero-Jordán. En el mismo se apunta lo obvio: en 2024, los ingresos por impuestos crecieron sustancialmente (en buena medida, por las subidas de las cotizaciones y la no deflactación de la tarifa del IRPF). Pero se apuntan también advertencias sobre problemas a medio y largo plazo: "zonas grises" en la recaudación del IRPF, apunta el autor.
De esta manera, "la recaudación del IRPF se enfrenta a potenciales riesgos estructurales derivados del envejecimiento. La inmigración es un recurso limitado para ayudar a mantener la recaudación y el sostenimiento del Estado del bienestar".
Y aquí entran tres apuntes sobre esta nueva población inmigrante que deberíamos tener en cuenta.
En primer lugar, "la población inmigrante está ocupada en mayor proporción en sectores con menores salarios como servicios o agricultura. Menos del 11 % de los ocupados extranjeros trabaja en la industria, sector con los salarios medios más elevados". Esto es relevante en lo que toca a la recaudación fiscal, pero también en términos de ganancia de productividad-competitividad de la economía. No parece que por aquí vayamos a ganar demasiado, especialmente en los sectores de alto valor añadido en los que se dirimen las batallas de la nueva economía.
Como es lógico, la ganancia media anual por trabajador de nacionalidad española es superior a la de los nuevos inmigrantes. De esta manera, mientras que español medio gana 28.662 euros anuales, "en el caso de los inmigrantes procedentes de África y América, la ganancia promedio fue de 18.838 euros anuales", un 34% menos. Además, la pensión media de los nuevos jubilados ascendió a 18.916 euros brutos. Es decir, un inmigrante gana más o menos lo mismo (de hecho, un poco menos) que un nuevo pensionista. Apunte 1: "Se necesitaría alrededor de un trabajador inmigrante por cada nueva pensión de jubilación para mantener la recaudación de IRPF inalterada". Esto último sí está pasando en los últimos años (de hecho, más que de sobra); aunque ni es fácil que se mantenga ni debemos olvidar otras derivadas sociales, de gasto público, integración, etc.
Apunte 2: los nuevos inmigrantes-cotizantes aportan mucho menos cada uno de ellos de media que los cotizantes que se jubilan. Esto es muy relevante a la hora de hacer los cálculos a futuro, tanto si miramos el IRPF y la recaudación impositiva, como si nos quedamos sólo con el saldo gastos-ingresos de la Seguridad Social. En casi todas las proyecciones, se asume que los nuevos cotizantes tendrán, de media, iguales salarios y condiciones que los trabajadores que ahora mismo cotizan; no parece que ése sea el caso en los recién llegados.
Por último, una anotación interesante y que casi nunca se analiza: "En las dos próximas décadas, una parte importante de la población trabajadora inmigrante pasará a formar parte de la población pensionada. Es previsible que una parte relevante de los 3,54 millones de inmigrantes que llegaron antes de 2010 hayan generado derechos para recibir una pensión de jubilación contributiva en las próximas dos décadas". ¿Cuántos? ¿Qué pensión? Financieramente, esto debería ser menos problemático: lo lógico es pensar que las carreras laborales hayan sido más inestables y que los derechos devengados por cotización sean menores. Pero, incluso así, también es un reto saber de cuánto hablamos y cuál es el saldo neto final.
Como siempre con estos temas, esto no supone asumir que la inmigración sea buena o mala. Ni todo termina en el saldo financiero-fiscal, ni es lo único que importa. Pero si nos dice que llegarán años no tan tranquilos desde el punto de vista fiscal (¿qué pasará cuando la recaudación no suba como está pasando desde 2023?). Y también habrá subidas y bajadas en el número de llegadas de nuevos inmigrantes (por ejemplo, los actuales precios de la vivienda son un factor que puede reducir drásticamente el atractivo de las grandes ciudades españolas). En ese momento, será cuando haya que ver si el modelo es sostenible. No será sencillo que sigan saliendo las cuentas.