El Gobierno recibe un nuevo revés judicial del Supremo. En este caso, la Sala Tercera ha declarado nula la normativa que exigía más superficie libre por cerdo en las granjas (apartado 4 de la disposición final cuarta del Real Decreto 159/2023). La medida de bienestar animal tendría un impacto "nulo", según el Gobierno. El Alto Tribunal ha desmontado por completo esa premisa y reconoce un gran golpe económico para el sector.
"La sentencia confirma lo que Asaja denunció desde el primer día: no se puede legislar a golpe de decreto sin evaluar la ruina que supone para el ganadero", ha denunciado la organización agrícola en un comunicado.
Legislar sin hacer números
El Supremo argumenta que la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) presentada por el Gobierno era insuficiente y no evaluaba adecuadamente las consecuencias económicas de la medida.
"Cuando el Gobierno aprobó este decreto en marzo de 2023, aseguró en su memoria económica que la medida tendría un impacto "nulo" o mínimo. El Supremo ha calificado esta afirmación de irreal. Los magistrados razonan que exigir una menor densidad de animales (más metros cuadrados por cerdo) tiene una "innegable repercusión económica" que el Ministerio ocultó o ignoró deliberadamente", explican desde Asaja.
Para cumplir con las nuevas densidades, solo había dos posibilidades: reducir la cabaña, y con ello, los ingresos, o invertir cientos de miles de euros en ampliar naves o construir nuevas instalaciones. Y esto, según estimaciones del sector, supondría más de 300.000 euros por granja, o una pérdida de entre 4 y 8 millones de plazas de producción anuales, lo que equivale a un recorte del 7% al 16% de la capacidad porcina nacional.
"El papel lo aguanta todo; el ganadero, no"
La organización agraria Asaja celebra que la Justicia haya frenado lo que consideran un ejercicio de "demagogia legislativa" y haya puesto "negro sobre blanco" lo que era una evidencia en el campo: "El papel lo aguanta todo; el ganadero, no".
"Es inadmisible que la Administración intente vender como ‘inocua’ una medida que ataca directamente a la línea de flotación de la rentabilidad de nuestras explotaciones profesionales. Esta sentencia nos da oxígeno y tiempo, pero debemos seguir vigilantes. La Administración ha recibido un golpe, pero la presión ideológica sobre la ganadería intensiva continúa. Al menos, a partir de ahora, saben que no pueden legislar de espaldas a la calculadora del ganadero sin que la Justicia les pare los pies", señala Asaja.