La ciudad autónoma de Melilla habría sacado un contrato para la contratación de detectives privados con el fin de investigar a todos aquellos empleados públicos que están en situación de baja laboral por incapacidad temporal, tal y como asegura la agencia EFE que habría tenido acceso a este contrato público.
Según informa la agencia de noticias, esta contratación de detectives privados estaría motivada, entre otras cosas, porque el índice de absentismo de sus trabajadores se eleva al 15%, una cifra que sería más del doble de la media de España.
Un absentismo de más del doble de la media nacional
De acuerdo con el contrato, de los 1.340 empleados públicos dependientes de Melilla, un total de 201 están en situación de incapacidad temporal. En concreto, 192 de estos trabajadores estarían en esta situación por motivos "no derivados de accidentes de trabajo o enfermedad profesional" y 9 de ellos "por contingencias profesionales". De esta forma, el 15% del total de la plantilla estaría de baja, mientras que en toda España (incluyendo al sector público y privado) esta cifra es del 7%.
Así pues, la administración justificaría su actuación en que "esta creciente problemática que supone un importante impacto económico y organizativo no solo para la ciudad autónoma, sino también para la Seguridad Social, lleva a la necesidad de adoptar medidas específicas de control, prevención y verificación de dichas situaciones, y a la elaboración de un plan integral de lucha contra el absentismo laboral."
Cada jornada de investigación costará 500 euros
En cuanto al coste del contrato, la administración pública de Melilla destinará un total de 14.950 euros a través de un contrato menor, según el cual abonará un total de 500 euros por cada jornada completa de investigación de 8 horas, incluyendo tanto los desplazamientos necesarios como los informes.
En palabras de la vicepresidenta segunda y portavoz del Gobierno de Melilla, Fadela Mohatar, esta medida no la ve como "algo inquisitorial", ya que a ella ya recurren "otras administraciones no para investigar o indagar, sino para poder entrar en los casos que son minoritarios que puedan exceder en un caso de mal uso de las prerrogativas que tienen los derechos laborales de los trabajadores". Con esto se busca, según la propia Mohatar, que "todos los trabajadores que de buena fe ejercen sus derechos laborales normalmente, no se vean concernidos, quizá, por quien hace un mal uso".
Como bien expresa la vicepresidenta segunda y portavoz del Gobierno de Melilla, la realidad es que en los últimos tiempos son cada vez más las organizaciones públicas las que recurren a contratar los servicios de detectives privados para investigar el absentismo laboral en sus instituciones, algo que ya hemos podido constatar en Libre Mercado.
Tal y como ya contamos en este artículo, hay diversos ejemplos recientes que se suman a este de Melilla, como son los casos del Ayuntamiento de Calp (Alicante), el Ayuntamiento de Fuengirola, el Ayuntamiento de Alcorcón, la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento de Tarragona.
En los ejemplos mencionados del Ayuntamiento de Fuengirola o de Alcorcón, tenemos que las cifras del contrato son muy similares a las del Gobierno de Melilla, siendo de 18.148 euros en el caso de Fuengirola y de 16.940 euros en el caso de Alcorcón.
En resumidas cuentas, vemos que ante la creciente avalancha de bajas laborales por incapacidad temporal, la Administración Pública trata de combatir aquellas bajas que puedan ser falsas a través de la contratación de detectives privados para descubrir si se está haciendo un buen uso de este derecho laboral.