En línea con el prometido objetivo de reducir la burocracia, la Comisión Europea de Ursula von der Leyen ultima un ambicioso paquete de simplificación normativa en materia de seguridad alimentaria. Este paquete de medidas llamado ómnibus alimentario afectará al uso de pesticidas en la UE y a las cantidades aceptables para los productos importados de terceros países, según la información avanzada por Euractiv.
Posiblemente con la esperanza de acabar con las reticencias del campo hacia Mercosur, la Comisión estaría valorando responder a una de las principales demandas de los agricultores europeos: la reciprocidad en las normas de producción o las cláusulas espejo. Es decir, que se apliquen las mismas normas a los productores de los Estados miembros y a los de terceros países, aunque eso acabe derivando muy posiblemente en un aumento del precio de los alimentos para los consumidores.
Según el avance difundido por Euractiv, Bruselas quiere impedir que los plaguicidas vetados en la UE regresen al mercado europeo a través de productos importados. El texto propone prohibir cualquier residuo detectable de los pesticidas más peligrosos, eliminando el concepto de "tolerancia en la importación" y obligando a que las "buenas prácticas agrícolas" se apliquen tanto a productores europeos como a terceros países.
Por ejemplo, el carbendazim y el tiofanato-metilo (dos fungicidas de amplio espectro usados en cítricos) no están permitidos en el territorio comunitario, pero es perfectamente legal que las naranjas importadas de otros países tengan hasta 0,2 mg/kg de residuo de estos productos o de hasta 0,7 mg/kg en el caso de las mandarinas.
Subida de los precios
Para los agricultores europeos, esta medida supondría una victoria largamente esperada. Llevan años denunciando que tienen que competir con importaciones producidas con sustancias prohibidas para ellos, lo que distorsionaba el mercado y presionaba a la baja los precios. Con la nueva normativa, finalmente todos jugarían con las mismas reglas.
Pero esa celebración podría tener otra cara: la del consumidor. La prohibición de residuos detectables va a encarecer el coste de producción en países exportadores, obligándoles a adoptar prácticas más estrictas o alternativas más caras. O simplemente va a reducir la oferta, en el caso de que decidan no seguir las órdenes de la Comisión Europea. Inevitablemente, esto se traducirá en un aumento del precio de frutas y hortalizas importadas que se trasladará rápidamente a la cesta de la compra.
Aprobación indefinida de los pesticidas
Según la información avanzada por Euractiv, el borrador del ómnibus alimentario también prevé que las sustancias activas utilizadas como pesticidas tengan una aprobación indefinida, eliminando el actual sistema de renovaciones cada 10 o 15 años, salvo en casos concretos. Si una sustancia es considerada peligrosa —o catalogada como candidata a la sustitución, es decir, en proceso de ser reemplazada por una alternativa más segura— su autorización seguirá limitada, con una duración máxima de cinco años. También se contemplan excepciones temporales cuando un producto sea imprescindible para frenar un grave riesgo sanitario en cultivos y no existan alternativas viables.
Además, la Comisión incluye en el paquete un impulso a los bioplaguicidas, con la intención de facilitar su llegada al mercado y ofrecer herramientas a los agricultores para reducir su dependencia de compuestos químicos.