Suecia reformó su sistema de pensiones en los años noventa pasando de un modelo de reparto tradicional a uno mixto, basado en cuentas nocionales y capitalización individual. El núcleo del sistema se convirtió en un esquema de contribuciones definidas nocionales (NDC): cada trabajador tiene una cuenta virtual donde se registran sus aportaciones y una rentabilidad ligada al crecimiento de salarios; al jubilarse, el saldo nocional se convierte en una renta vitalicia ajustada por esperanza de vida.
Para reforzar la sostenibilidad y diversificar riesgos, Suecia añadió un pilar de capitalización obligatoria, el premium pension, donde una parte de las cotizaciones se invierte en fondos gestionados por instituciones privadas o por el fondo público AP7. La combinación de ambos componentes permitió estabilizar las finanzas del sistema, vincular prestaciones a la demografía y al mercado laboral, y ofrecer mayor transparencia al ciudadano
Los resultados de esta apuesta no han podido ser más positivos, a pesar de las dificultades que suelen caracterizar este tipo de reformas que afectan a segmentos amplios de la población y tienen grandes implicaciones de corto, medio y largo plazo. El siguiente gráfico, tomado de un informe de la Universidad de las Hespérides que firman los académicos Daniel Fernández, Santiago Calvo y Miguel González, muestra cómo Suecia logró que esta reforma estabilizase su gasto en pensiones, mientras que en España ha ocurrido todo lo contrario y estos dispendios se han disparado, hasta el punto de que la Vieja Piel de Toro dedica ahora el 12,7% del PIB a este concepto, frente al 7,5% de Suecia.
Esto es precisamente lo que facilita un control del endeudamiento público efectivo y sostenible, todo lo contrario de lo que ocurre en España. Así, mientras que en Suecia vemos que los pasivos del Estado rondan el 36% del PIB, esta misma cifra alcanza el 105% en nuestro país.
Un elemento clave del modelo sueco es la importancia asignada al pilar de capitalización, que se inspira a su vez en el modelo desarrollado por Chile en 1980 bajo el liderazgo de José Piñera. Dicho esquema reemplazó el antiguo esquema de reparto por un modelo de contribuciones definidas administradas en cuentas personales.
Cada trabajador aporta un porcentaje fijo de su salario a una cuenta propia, de su exclusiva propiedad, gestionada por Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que invierten esos recursos en mercados financieros diversificados. El sistema introdujo reglas estrictas de transparencia, competencia entre gestoras, libertad para cambiar de AFP y supervisión estatal a través de la Superintendencia. Su lógica central es que cada persona financia su futura pensión con el ahorro acumulado y su rentabilidad, no con los aportes de generaciones jóvenes.
Tras 45 años de funcionamiento, el modelo de capitalización se consolidó como el eje del sistema previsional chileno. A lo largo de estas décadas ha generado un profundo mercado de capitales, altos niveles de ahorro interno y retornos reales positivos de largo plazo para los afiliados. Pese a las críticas de la izquierda socialista, su estructura básica de propiedad individual del ahorro, competencia entre gestores y disciplina actuarial se ha mantenido, y continúa siendo un referente internacional en reformas de pensiones inspiradas en la potenciación del elemento de capitalización.
El siguiente gráfico, también de la Universidad de Las Hespérides, muestra que el esfuerzo fiscal del sistema chileno de pensiones es mucho más reducido que el de España: 3,7% vs 12,3% del PIB. También se sitúa por debajo de la media de la OCDE (8% PIB), puesto que el grueso del pago de las jubilaciones proviene del ahorro realizado y los gastos del Estado simplemente están ligados al pago de pensiones complementarias para personas en situaciones de mayor dificultad.
La ventaja de capitalizar ahorro durante 40 años se traduce en que el coste mensual del sistema chileno sea mucho menor que el español. En el país austral, los trabajadores aportan el equivalente al 12,9% de su coste laboral, muy por debajo del 29,1% observado en nuestro caso. Esto significa que el salario neto obtenido por los asalariados se reduce mucho menos en Chile, debido a esa cuña fiscal reducida.
Obviamente, un modelo así permite acumular reservas e invertirlas a través de fondos especializados, lo que facilita la financiación de las pensiones de jubilación.
Los activos del sistema de pensiones chileno suponen hoy el 75,8% del PIB, casi 8 veces más que España, donde este indicador es de apenas el 10,5%.
Merced al círculo virtuoso de incentivos generado por la capitalización, el informe de la Universidad de Las Hespérides encuentra que Chile ha logrado igualarse primero con América Latina y, en los treinta últimos años, protagonizar un "sorpasso" que ha situado sus niveles de renta y PIB per cápita muy por delante del promedio regional.