La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha dejado de afirmar que el supuesto perdón de la deuda regional es para todas las comunidades autónomas y que todas se beneficiarán de la medida. Pedro Sánchez ha confirmado ese mensaje en infinidad de ocasiones. Pero lo cierto es que un documento del propio PSOE reconoce que la medida debe ir acompañada de una reforma fiscal que castigue a las CCAA que más bajen los impuestos, justo la situación de la Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso.
El documento ha sido ya registrado en el Congreso de los Diputados. Allí se puede leer que el esquema de la reforma es triple. Que "el Proyecto de Ley de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común" debe permitir "la asunción por parte del Estado de hasta 83.252 millones de euros de deuda autonómica, lo que beneficiará a todos los territorios al reducir su pasivo"; dos, que se debe "garantizar un procedimiento transparente, de carácter voluntario y en igualdad de condiciones para que el Estado asuma esa deuda autonómica"; y, tres, que hay que "Impulsar paralelamente la reforma del sistema de financiación autonómica, de modo que el nuevo marco refuerce la suficiencia, la equidad y la corresponsabilidad fiscal de todas las Comunidades Autónomas".
¿Y a qué le llama Sánchez "corresponsabilidad fiscal"? Pues a subir impuestos. Según su versión, bajarlos es irresponsable, aunque la Comunidad de Madrid haya demostrado que ha elevado la recaudación en base al atractivo de bajar impuestos y generar más actividad económica y empleo.
La medida "histórica" según el PSOE
"El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de septiembre, en primera vuelta, el Anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común, por el que el Estado asumirá 83.252 millones de euros de deuda autonómica", dice el PSOE. "Se trata de una medida histórica que beneficiará a todas las comunidades autónomas, reducirá el pago de intereses y permitirá destinar más recursos a los servicios públicos fundamentales: la educación, la sanidad y los servicios sociales".
La frase es más que dudosa: uno, porque el alivio financiero no se puede destinar a gasto social, según las propias normas fiscales que rigen el comportamiento de las CCAA, y, dos, porque esa carga de gasto pasa al Estado con lo que todo alivio para las regiones será compensado con más tensión en el gasto central.
El texto sigue: "La condonación se ha diseñado con criterios técnicos, objetivos y transparentes, sin sesgos políticos ni agravios territoriales. De hecho, siete de cada diez euros condonados beneficiarán a comunidades gobernadas por el Partido Popular, siendo Andalucía la que recibirá la mayor condonación total (18.791 millones), la Comunidad Valenciana la que más percibirá por habitante ajustado (2.284 euros) y Canarias la que verá reducido en mayor proporción su endeudamiento (50 %)".
Hasta ahí la supuesta carta a los Reyes Magos. Pero lo cierto es que el documento puntualiza que "la medida es plenamente compatible con la futura reforma del sistema de financiación autonómica, a la que contribuye aliviando las cargas financieras y nivelando el punto de partida de las comunidades. No altera la deuda total del Estado ni supone un riesgo fiscal, pero sí representa un salto cualitativo en la cohesión territorial y la estabilidad presupuestaria".
Y es justo en este último punto en el que recae la mayor trampa de la reforma. Y es que el Gobierno de Sánchez ya ha anticipado que la reforma del sistema de financiación pretende reducir la capacidad de bajar impuestos de las comunidades porque, según su criterio, pone en duda la estabilidad presupuestaria. Y ello, pese a que comunidades como la Comunidad de Madrid han hecho crecer su recaudación gracias a la rebaja de impuestos y la generación de más negocio y empleo.