
El mercado laboral español es cada vez más disfuncional. A ello se le suma otro problema de fondo: los trabajadores que se quedan en paro no tienen los suficientes incentivos para buscar activamente un nuevo empleo. Esto ocurre especialmente con los trabajadores sénior, que ven especialmente favorable la posibilidad de no buscar un nuevo empleo tras pasar a engrosar las listas del paro. Así se desprende de un estudio publicado recientemente por la OCDE.
Desincentivo al empleo
La OCDE acaba de dar un tirón de orejas al Gobierno español porque su política de prestaciones sociales supone un desincentivo para que los ciudadanos busquen empleo, especialmente los de mayor edad. De este modo, el organismo, que explica cómo en nuestro país las prestaciones por desempleo constan de dos niveles principales –el seguro de desempleo contributivo y el subsidio por desempleo no contributivo para quienes agotan sus derechos al seguro o no cumplen los requisitos—, sostiene que "el diseño de las prestaciones por desempleo sigue generando desincentivos sustanciales para el empleo de los trabajadores de mayor edad".
Al respecto, desde la OCDE detallan que "para las personas de 52 años o más, la prestación por desempleo tiene una duración ilimitada, no está sujeta a la comprobación de recursos a nivel familiar, sino a nivel individual, y se complementa con cotizaciones a la seguridad social del 125% de la base mínima de cotización, siempre que cumplan todos los criterios para tener derecho a la pensión contributiva de vejez, excepto la edad". De hecho, para el organismo resulta llamativo también que "esto contrasta con las normas para los trabajadores más jóvenes, para quienes el programa tiene una duración limitada (de 3 a 30 meses), está sujeto a la comprobación de recursos a nivel familiar y no incluye cotizaciones a la seguridad social".
Así las cosas, desde la OCDE informan de que el pasado mes de junio había 766.511 beneficiarios de la prestación por desempleo, "lo que representa alrededor del 45% del total de beneficiarios", e inciden en que "entre los beneficiarios de la prestación por desempleo, más del 70% tienen 50 años o más, mientras que a principios de 2017 representaban alrededor del 52%". En consecuencia, desde la OCDE instan al Gobierno a "reformar la prestación por desempleo no contributiva para que los trabajadores de todas las edades reciban la misma ayuda, restringiendo la acumulación de la pensión únicamente a la fase del seguro de desempleo".
Con todo, el informe apunta que, aunque esta generosidad adicional para los parados de mayor edad podría proporcionar una mayor protección adicional, "algunos estudios han descubierto que también puede reducir los incentivos para la búsqueda de empleo de los trabajadores de mayor edad, especialmente entre aquellos con bajos ingresos potenciales".
En este sentido, la OCDE defiende en su informe que "el tipo impositivo de participación (PIT) —la carga fiscal implícita que soporta una persona desempleada al incorporarse al mercado laboral— es elevado para los trabajadores mayores en España, lo que agrava los desincentivos existentes para acceder al empleo". Así, detalla que "una persona desempleada de 52 años que considere un trabajo con salario mínimo puede enfrentarse a tipos impositivos efectivos superiores al 100%, debido tanto a la pérdida de los subsidios por desempleo como a las cotizaciones implícitas del 125% a la pensión vinculadas a estas prestaciones".
En este contexto, la OCDE propone que "la duración de las prestaciones por desempleo no contributivas no debería depender de la edad", sosteniendo que "las cotizaciones a la pensión deberían limitarse a los beneficiarios del seguro de desempleo y no extenderse a los receptores de la prestación por desempleo". En consecuencia, el organismo destaca que, si bien es cierto que la búsqueda activa de empleo es actualmente un requisito para recibir las prestaciones por desempleo, "se requieren mayores esfuerzos para garantizar el cumplimiento y la participación en los programas de activación, a fin de prevenir la dependencia a largo plazo y el desapego del mercado laboral".

