Continúa el caos después de que el Gobierno haya decidido aplazar un año Verifactu. A pocos días de su entrada en vigor, el Ministerio que dirige María Jesús Montero sorprendió a empresas, autónomos, compañías de software, asesores fiscales y hasta los inspectores de Hacienda con este cambio de criterio.
Mientras el pasado 26 de noviembre Hacienda recordaba a todos los afectados que este nuevo sistema de verificación de facturas en tiempo real entraba en vigor en 2026, el 2 de diciembre, este departamento cambiaba de opinión. "Para las empresas cuyo plazo de implantación y adaptación de sus sistemas informáticos comenzaba el 1 de enero de 2026, se traslada al 1 de enero de 2027, mientras que para las empresas y autónomos que tenían que empezar a aplicar el Verifactu el 1 de julio de 2026, ese plazo se traslada al 1 de julio de 2027" decidía a última hora el Ejecutivo de Pedro Sánchez vía Real Decreto-ley.
El Gobierno justificó el retraso de Verifactu en la "necesaria adecuación de los sistemas informáticos de facturación" y en su intención de "garantizar una implantación ordenada y homogénea en el conjunto del tejido empresarial". Sin embargo, que días antes Hacienda estuviera promocionando este plan fiscalizador para buena parte de las facturas de todo el país pone en evidencia la improvisación del Ejecutivo. La idea de que Sánchez habría cedido ante las exigencias de Junts (por el rechazo de las empresas catalanas a Verifactu) cogía fuerza.
El enfado de los inspectores
En este sentido, los inspectores de Hacienda han mostrado su descontento ante este giro de guion, y señalan a "motivos políticos" como los causantes. Así, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha lamentado "profundamente que en esta decisión hayan prevalecido motivos de interés meramente políticos".
En un comunicado emitido esta semana, la IHE ha recordado que "durante los últimos años, este proyecto ha sido presentado como una pieza clave en la lucha contra el fraude fiscal, especialmente frente al uso de software de ocultación de ventas, y como un instrumento esencial para avanzar en la digitalización y trazabilidad de la facturación empresarial. Los reiterados mensajes institucionales sobre los plazos de cumplimiento han generado una expectativa legítima en empresas, desarrolladores y profesionales que han invertido recursos económicos y humanos para adaptarse a tiempo".
Sin embargo, "los cambios sobrevenidos y sin una adecuada explicación técnica introducen inseguridad jurídica, penalizan el cumplimiento voluntario y pueden trasladar a la sociedad el mensaje equivocado de que las obligaciones tributarias son flexibles o reversibles por razones ajenas a su finalidad", añaden.
Las empresas de software
Por el lado de las empresas privadas, y facilitadoras de los softwares que exigía el Gobierno para cumplir con Verifactu, también hay malestar.
Emilio de la Fuente, el CEO de la empresa desarrolladora TeamSystem, manifestó ayer miércoles su "sorpresa" por la decisión inesperada de Hacienda "que genera una gran inseguridad jurídica" en el sector empresarial nacional.
Aunque desde esta compañía especializada en la venta de software consideran que su retraso supone "un balón de oxígeno para los pequeños negocios", critican la "preocupante desinformación" que hay alrededor de esta nueva imposición de Hacienda.
Según una encuesta propia, el pasado mes de noviembre, el 63% de los afectados admitía no tener un plan definido ante la llegada de la nueva norma de facturación. Tras la prórroga del Gobierno, la mitad de las pymes y autónomos encuestados desconocen que las fechas de implantación de Verifactu se retrasan a 2027.
Dudas e incógnitas
Las dudas y los dilemas que han surgido alrededor de Verifactu han surgido casi desde el principio. Una de las principales incógnitas es el número de afectados en nuestro país, un dato que la AEAT no ha desvelado. En TeamSystem calculan que será "el 80%" de las casi 3 millones de pymes que hay en España y no se atreven a dar un dato de los autónomos porque reconocen la ambigüedad de la norma.
"Se supone que está obligada cualquier empresa que use Sistemas Informáticos de Facturación (SIF) y que el que use un simple Word o un Excel para hacer factura no está obligado, pero si ese Excel reutiliza o exporta datos, entonces sí", explican sus expertos.
"Por eso, nosotros recomendábamos a las empresas contratar un servicio básico que haga de seguro" ante las multas de Hacienda que son de hasta 50.000 euros, según el CEO. En su caso, es de 120 euros al año. Preguntados por este periódico sobre si ya han recibido bajas de empresarios que ya hayan contratado sus servicios, y que ahora no son obligatorios hasta el año que viene, señalan que "todavía no tenemos conocimiento de eso, pero pensamos que no serán muchos por la cantidad que es y cuando vean que Verifactu les agiliza mucho el proceso de facturación, que acaba con el papel, a ellos y a sus asesores fiscales esperemos que se queden", declaran.
En este sentido, todavía surgen las dudas de si las empresas que sí han hecho los deberes con Hacienda podrán volver al método tradicional un año más. La misma incógnita surge con las que se pasaron al SII (Suministro Inmediato de Información) para esquivar Verifactu. Todavía no está claro que puedan volver.
Más sectores indignados
Además de los inspectores y las empresas de software, los asesores fiscales también han puesto el grito en el cielo con la decisión in extremis del Gobierno. "Durante los últimos meses, miles de empresas, pymes y autónomos —guiados y asesorados en gran medida por profesionales del asesoramiento fiscal— han tratado de adaptarse a unas obligaciones cuyo alcance, funcionamiento y operativa todavía planteaban dudas relevantes para numerosos sectores y, lo que es más preocupante, incluso para la propia Administración", ha criticado AEDAF.
El perjuicio entre los que decidieron cumplir de forma diligente con las ideas del Gobierno es total. "Estas empresas habían realizado ya inversiones significativas, adaptado sus sistemas de facturación, contratado soluciones tecnológicas y participado en cursos de formación con la intención de cumplir puntualmente con la nueva normativa", añaden. La CEOE, ATA y patronales de todo tipo han cargado contra la improvisación y la falta de transparencia del Gobierno antes y después del aplazamiento de Verifactu. Hay consenso.