El Ministerio de Consumo ha consumado su ataque contra Airbnb y le ha impuesto una sanción de 64 millones de euros. Esta cifra, más que una multa, parece una declaración de guerra contra el sector digital y una clara señal de hostilidad hacia la inversión extranjera.
La justificación principal esgrimida por Consumo es la supuesta publicación de anuncios de alojamientos turísticos sin la preceptiva licencia. Se cuestiona la lógica de cargar a la plataforma con la responsabilidad total de fiscalizar cada anuncio, cuando la obligación de obtener la licencia recae directamente sobre el propietario del inmueble. El rol de Airbnb es conectar la oferta y la demanda, no sustituir a las administraciones públicas en sus funciones de inspección y control territorial.
Acoso Regulador: Esta acción se percibe como el último episodio de un acoso regulador constante que busca estrangular a empresas que ofrecen servicios innovadores, simplemente por desafiar los modelos de negocio tradicionales (como la hotelería). El libre mercado prospera con la competencia, no con la imposición de barreras artificiales.
El frío mensaje a la Inversión
La confirmación de la sanción tras resolverse el recurso de alzada, que agota la vía administrativa, envía un mensaje devastador a los inversores internacionales y a las start-ups que consideran España como destino, alimentando el problema mayúsculo de inseguridad jurídica que tiene España, incide en el freno a la innovación y la inversión por el miedo a sanciones accesorias.
En definitiva, la sanción de 64 millones de euros contra Airbnb no es un acto de justicia protectora, sino un acto de intervencionismo estatal que ahoga la competencia, frena la digitalización del sector turístico y deteriora gravemente la imagen de España como un entorno seguro y atractivo para el desarrollo empresarial.