España se ha convertido en uno de los países con mayor incertidumbre fiscal del mundo desarrollado. Así lo revela un nuevo informe de Foro Regulación Inteligente, que sitúa a nuestro país como el segundo peor valorado de toda la OCDE en seguridad jurídica tributaria, solo por delante de Grecia. El indicador sintético elaborado por la entidad otorga a España 5,47 puntos sobre 10, una nota muy alejada de la registrada por economías con sistemas fiscales más estables, como los países bálticos, Nueva Zelanda, Irlanda, Australia o Canadá.
El ranking, con datos finales para 2024, es el siguiente:
El estudio subraya que la inseguridad jurídica se ha consolidado como un problema estructural del sistema tributario español. Bajo el actual Gobierno, se han aprobado cerca de un centenar de subidas de impuestos y cotizaciones, un giro recaudatorio que ha erosionado renta y patrimonio y que, según el informe, contribuye al empobrecimiento progresivo de hogares y empresas.
Relación asimétrica entre Hacienda y la ciudadanía
A esta presión fiscal creciente se suma una normativa compleja y cambiante, junto con un modelo de incentivos para los inspectores que, según el análisis, alimenta la litigiosidad. Los bonus ligados a la recaudación no se ajustan aunque el contribuyente gane después en los tribunales, lo que genera un sistema "asimétrico y desequilibrado" que multiplica la incertidumbre y deteriora la confianza en la Administración.
Uno de los ejemplos más llamativos es el conflicto generado en torno a la Ley Beckham, que ha pasado de ser un régimen pensado para atraer talento internacional a convertirse en un foco de disputas legales. La Agencia Tributaria ha cuestionado retroactivamente certificados emitidos por ella misma, detonando una macrocausa internacional liderada por Amsterdam & Partners, que acusa a Hacienda de vulnerar derechos fundamentales y abusar del poder administrativo.
Otro dato significativo es la elevada conflictividad fiscal existente en España. Solo en 2023 se presentaron 200.000 reclamaciones ante Hacienda, de las que un 40% se resolvió a favor del contribuyente. Entre 2014 y 2023, el acumulado alcanza 2,1 millones de reclamaciones, con 877.000 resoluciones contrarias a la Agencia Tributaria. En algunos tributos, el porcentaje de fallos favorables al ciudadano supera holgadamente el 50%: ocurre en el IRPF (49,2%), el Impuesto sobre el Patrimonio (54,1%), Transmisiones Patrimoniales (62,4%) y Sucesiones y Donaciones (65,7%).
España figura también entre los países europeos que más procedimientos de revisión abre contra sus contribuyentes: 7,9 por cada 1.000 declarantes, una cifra cuatro veces mayor que la de Italia o Canadá, ocho veces superior a la del Reino Unido y veinte veces más alta que la de Estados Unidos.
Escaso atractivo de los incentivos especiales
El informe de Foro Regulación Inteligente compara, además, el atractivo fiscal del régimen español para trabajadores desplazados respecto a sus alternativas europeas. Mientras el ahorro medio para un beneficiario de la Ley Beckham ronda los 13.600 euros anuales, en Portugal esa ventaja asciende a 30.000 euros y en Italia o Grecia puede superar los 120.000 euros.
Todo ello se refleja asimismo en los índices internacionales de competitividad fiscal. En la clasificación dedicada al IRPF, España obtiene 45 puntos sobre 100, mientras que en la relativa a la fiscalidad del patrimonio financiero e inmobiliario se sitúa como la segunda peor economía de la OCDE, con apenas 36,5 puntos.
Foro Regulación Inteligente concluye que esta situación "penaliza la actividad económica, mina la confianza de los contribuyentes y reduce la capacidad de España para competir en la captación de talento y capital", una advertencia que se suma al creciente debate público sobre el deterioro de la seguridad jurídica en el ámbito tributario.