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Bruselas da marcha atrás y eliminará la prohibición total a los coches de gasolina y diésel con España en contra

Bruselas, impulsada por el PPE, cede a la presión y rectifica su plan climático, permitiendo vehículos la venta de combustión más allá de lo pactado.

Bruselas, impulsada por el PPE, cede a la presión y rectifica su plan climático, permitiendo vehículos la venta de combustión más allá de lo pactado.
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, habla en el Parlamento Europeo, a 26 de noviembre de 2025. | Europa Press

En los últimos años, la UE ha impuesto medidas y exigencias extraordinariamente restrictivas relacionadas con el medioambiente. Así, con la excusa de que, supuestamente, es necesario adaptar nuestro modelo económico por motivo ambientales y ecológicos, desde la Unión se ha aprovechado también para gravar aún más la actividad económica en los Estados miembros.

Una de las iniciativas más importantes que la Comisión había puesto en marcha era la prohibición de la venta de coches de combustión dentro de la UE a partir de 2035. Sin embargo, ante la realidad de la industria y la imposibilidad de la mayoría de familias para adquirir vehículos eléctricos y adaptar sus hábitos de vida y consumo, la UE podría estar a punto de recular en este ámbito.

Fin del veto al coche de combustión

Este martes, la Comisión Europea ha propuesto poner fin al veto total contra la comercialización de vehículos de combustión a partir de 2035, permitiendo una producción "limitada" de estos automóviles, hasta alcanzar un 10% de las emisiones de CO2 permitidas en 2021. Así, queda en evidencia la ex ministra Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión en el ámbito medioambiental, que cuando formó parte del Ejecutivo español impulsó una agenda ecologista radical y dogmática.

En cualquier caso, esta propuesta es sólo el primer paso, porque tendrá que ser negociada posteriormente entre el Consejo y el Parlamento Europeo para ser adoptada de forma definitiva. Según fuentes comunitarias, el margen establecido tendrá que ser "compensado completamente" por los propios fabricantes con "créditos" obtenidos a partir del uso del llamado "acero verde" producido en la UE o de biocombustibles.

Además, la Comisión insiste en que esta decisión, en todo caso, no cuestiona el objetivo último de alcanzar la neutralidad climática en 2050. En consecuencia, desde Bruselas argumentan que este margen del 10% permitirá que otros modelos de vehículos tengan un "papel importante" junto a la producción de vehículos eléctricos y de hidrógeno.

En una rueda de prensa celebrada este martes en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, ya celebraba por anticipado que la Comisión Europea propondría este mismo martes la eliminación de esta prohibición. "Me alegra que por fin alcancemos el objetivo del 90% para 2035, que es además una demanda clara del PPE", señalaba al respecto.

En este sentido, Weber ha defendido que "sólo podemos ganar la lucha contra el cambio climático si combinamos este enfoque con una perspectiva económicamente razonable, y eso es lo que pide el PPE y lo que la Comisión presentará hoy". De este modo, añadía que "todos los motores estarán autorizados a producirse y venderse en el mercado europeo después de 2035". Así, el presidente del Partido Popular Europeo adelantaba que la UE rectificará su propia normativa antes de que lo haya anunciado la Comisión Europea.

Con todo, el presidente del PPE ha querido justificar esta decisión señalan que la estrategia de su partido pasa por frenar el auge de los populismos. "Mi plan como líder del PPE era claro: quiero frenar el populismo en Europa, quiero luchar contra el populismo en Europa y quiero quitar a los populistas los motivos de ataque contra Europa, ha señalado, subrayando que "la idea de prohibir tecnologías es uno de esos puntos de ataque; lo vimos en las elecciones checas, donde un partido del automóvil fue elegido para el Parlamento".

España se pone en contra

En este contexto, el Gobierno español ha demostrado, una vez más, que el alarmismo y la ideología es lo único que guían su acción política. Así, la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha exigido a la UE que no retrase la prohibición de vender coches de combustión en los Estados miembros a partir de 2035. De este modo, en declaraciones realizadas antes del Consejo de ministros de Medio Ambiente de la UE, Aagesen subrayaba que España ha sido "consecuente" con la posición que ha venido defendiendo.

Así la cosas, Aagesen detallaba que "creemos que debemos seguir con esa 'hoja de ruta' que se trazó con el fin de la comercialización de vehículos de combustión en el año 2035". De hecho, la ministra española defiende también que mantener el calendario fijado es clave para ofrecer "señales claras" a la industria, insistiendo en los mantras clásicos del ecologismo radical y denunciando que los vehículos ligeros son responsables del 15% de las emisiones que se producen en la UE.

Plan de apoyo al automóvil

Esta propuesta de la Comisión forma parte de un paquete más amplio de apoyo al automóvil que el vicepresidente de Prosperidad y Estrategia Industrial, el liberal Stéphane Séjourné, ha definido como un "salvavidas" para el sector en la Unión Europea. "Usamos todos los recursos a nuestro alcance: simplificación, flexibilidad, preferencia europea, apoyo específico e innovación", ha destacado Séjourné.

Así las cosas, la Comisión propone una modificación de las normas relacionadas con las emisiones de CO2 para vehículos pesados, con una flexibilidad que facilite el cumplimiento de los objetivos para 2030. Además, sobre los vehículos corporativos, se establecen objetivos obligatorios a nivel de los Estados miembro para impulsar la selección de vehículos de cero emisiones y de bajas emisiones por parte de las grandes empresas.

Por otra parte, Bruselas se compromete a dotar con 1.800 millones de euros un plan específico para la producción de baterías para el vehículo eléctrico. Finalmente, la UE pondrá en marcha una simplificación de la legislación para reducir la burocracia y los costes de adaptación del sector.

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