Nuevo triunfo del Sindicato de Inquilinos y la izquierda en el Parlamento de Cataluña. Los grupos del PSC, ERC, Comunes y la CUP han aprobado una ley que según el mencionado sindicato es el "primer paso para acabar con la estafa de los alquileres temporales y los 'colivings'". Se trata de una normativa que "tiene como objetivo regular el precio y las condiciones de los contratos de alquiler temporales y por habitaciones, que son la principal grieta que utilizan los especuladores para no aplicar el tope del alquiler y expulsar a las inquilinas de sus casas", subraya la misma organización.
La nueva ley señala que sólo podrán ser alquilados por temporada los pisos de uso recreativo y turístico con la documentación en regla para tales fines. El resto, quedarán sometidos a la regulación de precios, los topes en las zonas tensionadas. En cuanto al alquiler de habitaciones, la suma de los alquileres no podrá superar el tope establecido en las consideradas zonas tensionadas.
La norma prevé también la creación de un registro de grandes tenedores y un cuerpo especial de inspectores formado por un centenar de funcionarios cuya misión será vigilar el cumplimiento de las estrictas normas en materia de vivienda impulsadas por la izquierda en Cataluña.
Modificación de la LAU en el Congreso
Los grupos parlamentarios que han dado luz verde a la nueva ley han celebrado su aprobación con los dirigentes del Sindicato de Inquilinos, organización que impulsa "una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en el Congreso de los Diputados que blinde la norma catalana frente a los intentos de algunos partidos de tumbar la ley en el Tribunal Constitucional y que tape los agujeros de la Ley de Vivienda que los rentistas aprovechan para subir los alquileres".
En el comunicado se indica también que "la ley se votará a principios de febrero y será necesario el apoyo de Junts para aprobarla". El partido de Puigdemont, al igual que el PP, Vox y Aliança Catalana han votado en contra de la nueva norma porque consideran que no soluciona el problema de la subida de los alquileres, se insiste en reducir la oferta y se atenta contra la propiedad privada.
El anterior gobierno catalán, dirigido por ERC, pretendió aprobar esta misma ley en la pasada legislatura, pero el PSC se abstuvo e hizo embarrancar el proyecto. En esta ocasión no le ha quedado más remedio que votar a favor para mantener el apoyo de ERC y los Comunes.